¿Por qué los hombres violan a las mujeres?

¿Por qué los hombres violan a las mujeres?

Por Elvira Luna Pineda

Uno de los motivos que más incide en la desigualdad entre mujeres y hombres es la cosificación y pertenencia de las mujeres. En la historia, las mujeres hemos pagado caro el hecho de ser mujeres. Hace muy poco tiempo que las mujeres podemos escribir y vivir nuestra propia historia como meras protagonistas de nuestros tiempos, aportando y cuestionando las formas y el fondo de las estructuras y sistemas que nos habían mantenido en el ostracismo. Como en toda guerra –la guerra del poder en la sociedad- los vencedores han escrito la historia. Analicemos y reconstruyamos la historia para entender porque hasta en la actualidad en nuestras sociedades “modernas” se siguen arrastrando visos de desigualdad normalizada desde las familias e institucionalizadas por los gobiernos. Monserrat Boix explica como el Renacimiento -por ejemplo-, fue una etapa que constituyó el “renacer” sólo para los hombres, para quienes las posibilidades educativas y laborales fueron mejoradas, sin embargo explica, “…para las mujeres fue todo lo contrario: no pudieron acceder a la educación humanista y los nuevos estados, centralistas y uniformadores, y se dictaron leyes que restringieron aún más sus posibilidades”. Resalta además como la fundación de las universidades fue patrimonio de los varones con una gran repercusión negativa para las mujeres. “Hasta el siglo XIII la presencia e influencia femeninas en la educación son mayores que las de los varones, son activas enseñantes, intelectuales, mecenas y escritoras pero la universidad excluye a las mujeres y el saber pasa a ser patrimonio del varón”.

 La caza masiva de brujas en la antigüedad es una época que la iglesia no puede eludir, quemando en la hoguera a toda aquella mujer que al no ceñirse a los cánones sociales significaba una amenaza para el sistema social instituido. No sé porque me recuerda a una estigmatización moderna, ya no son quemadas en la hoguera, pero si desprestigiadas y difamadas antes o después de su muerte, llegando incluso a justificar “que por andar de antro”, “por salir en la noche a divertirse” o simplemente por “no ser una mujer buena” le pasó lo que le pasó. Y así vemos como desde la historia la marginación y la nulidad en la cual se ha colocado a las mujeres, ha llegado hasta nuestros días, hoy por hoy, en donde violaciones incluso de niñas de 5 años son justificadas diciendo: “ella lo provocó”. Así de ruin.



Dichos misóginos y chistes en torno a las mujeres y su falta de seriedad al pensar, etiquetándola como ser “no cerebral o mono neuronal” queda de manifiesto también en la historia. Por ejemplo Aristóteles dijo: “La hembra es hembra en virtud de cierta falta de cualidades”. Erasmo de Rotterdam esbozó “La mujer es, reconozcámoslo, un animal inepto y estúpido, aunque agradable y gracioso”. Pitágoras no se quedó atrás: “Hay un principio bueno, que ha creado el orden, la luz y el hombre, y un principio malo, que ha creado el caos, las tinieblas y la mujer”. Goethe: “Al envejecer, el hombre construye su rostro y la mujer lo destruye”. Oscar Wilde dejó de manifiesto su misoginia en la siguiente frase: “La única manera de comportarse con una mujer es haciendo el amor con ella si es hermosa y, si no lo es, haciéndolo con otra”. Y así es innumerable la cantidad de frases que en la historia han influido hasta nuestros días en la cosificación de las mujeres trascendiendo a la transgresión de sus derechos.

La violación sexual es una agresión, un delito en la mayor parte de las sociedades civilizadas, pero que aún con gran civilización se sigue cuestionando la frivolidad de la mujer en condición de víctima y justificando al agresor. Por ejemplo, en gran cantidad de casos de violación los agresores declaran ante las autoridades: “La violé porque primero si quería y luego ya no”; “lo hice porque siempre pasa por donde trabajo y no me hace caso”. “La viole porque está bien buena y nunca me iba a pelar”. “La violé porque una mujer decente no camina sola por la calle, si anda sola eso es lo que anda buscando”. “Para darle una lección porque a mí nadie me rechaza”. “La violé porque era una pordiosera, su vida no valía”. “La violé porque se subió en el asiento delantero de mi taxi y traía falda, era señal de que quería algo”, “la violé porque era una delincuente que fue detenida, y a las mujeres malas hay que castigarlas”. “La violé porque la veía bajar del camión todos los días frente a donde trabajo, y pues se me antojó”.

En junio pasado en una escuela primaria de Tamaulipas, un grupo de 3 niños de segundo de primaria “jugaron a la violación” y escogieron a su víctima de entre sus compañeras, eligiendo a “la más bonita del salón”. Cuando la maestra los sorprendió en plena agresión, -de acuerdo con versiones de medios de comunicación-, los niños ya tenían a la niña bajo el escritorio del salón, ya le habían quitado la blusa y uno de los niños ya se había quitado la camisa con la intención de perpetrar el acto. ¿Que han visto y escuchado estos niños? ¿Quién los ha enseñado que a las mujeres se les viola? ¿Cómo han aprendido a sus 7 u 8 años que las mujeres bonitas son para violarse? Y así en esta sociedad actual, moderna y “civilizada” en la que vivimos, sobrados siguen siendo los motivos que los hombres tienen para agredir a las mujeres. Así de variados también son los motivos que nuestra surrealista sociedad tiene para culpar a las mujeres en condición de víctima por la agresión de que fueron objeto y hasta señalarlas como “mujeres fáciles”, porque finalmente dicen algunos: “el hombre es hombre”. 

Mientras esperamos para leernos la semana entrante, les invito a reflexionar con la siguiente frase: “Destruyamos la idea de que los hombres deben respetar a las mujeres porque son sus hijas, madres o hermanas. Reforcemos la idea de que los hombres deben de respetar a las mujeres porque son personas”. 

Justicia y género

http://presunciondeinocencia.org.mx/acervo/noticias/item/1188-justicia-y-genero-en-linea

Trata de Personas

Víctimas del hambre y las ganas de superación

Por Elvira Luna Pineda

En un país como México en donde casi la mitad de la población vive en la pobreza es fácil, muy fácil verdaderamente para los criminales sin escrúpulos, reclutar a niños, niñas, adolescentes e incluso a mujeres -mayoriatamente-, en víctimas de trata de personas, convirtiéndolos en esclavos de criminales que los condenan a la denigración y a la explotación. ¿Qué tiene que ver la pobreza con un delito tan perverso como la trata de personas. Analicemos.

Los tratantes –mujeres y hombres- realizan diversas acciones para reclutar a sus víctimas. El enganche de mujeres, niños y niñas para trata de personas y explotación sexual se realizan desde reclutamiento en internet, utilizando las redes sociales con perfiles falsos para acercarse a jovencitas, llegando incluso hasta el noviazgo o matrimonio para cumplir su cometido.

La desaparición de mujeres, niñas y niños está altamente relacionada con este cruel delito. La migración hace que miles de personas cada año, se coloque en condiciones de vulnerabilidad para ser víctima de trata de personas. Este delito deja tantas ganancias económicas a los criminales, que sólo es comparable con el tráfico de drogas y de armas. La pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades hacen que cada año miles de mujeres, niñas y niños caigan en las redes criminales.

De acuerdo con documentos y publicaciones emitidas por la Organización Internacional para las Migraciones, “niños y niñas son engañados, vendidos, coaccionados o sometidos a condiciones semejantes a la esclavitud bajo distintas formas y en diversos sectores: construcción, maquila, agricultura, servicio doméstico, prostitución, pornografía, turismo sexual, matrimonios serviles, niños soldados, tráfico de órganos, venta de niños, entre otros, siendo las mujeres, las niñas y los niños el sector más vulnerable”.

“Me llamo Gris, tengo 10 años y soy adicta a la piedra. Nací en una comunidad muy pobre de Veracruz, y un día, un señor me jaló y me llevó a un burdel, en Coatzacoalcos, Veracruz. Ahí, éramos como 40 niñas, entre 8 y 12 años. Llegaban señores algunos de traje, otros con overol o camisas beige y un escudito, y nos obligaban a sentarnos en sus piernas,…” Este testimonio es de una víctima de trata rescatada por la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas para America Latina y el Caribe (CATWLAC), y publicado en el Diagnóstico de las Condiciones de Vulnerabilidad que propician la Trata de Personas en México, editado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social A.C.

El testimonio de Gris continua: “…Como no queríamos, y nos dolía, nos obligaban a inhalar piedra. La dueña nos arreglaba, y cada vez que llegaba uno o varios clientes, nos despertaban, nos hacían inhalar y nos sacaban a la sala, para que los señores escogieran. Les cobraban 500 pesos a cada uno. Teníamos que atender como a diez señores cada una. Y cuando ya no pensábamos y se nos escurría la baba, nos echaban a la calle, como basura, y traían nuevas niñas. La dueña, tenía un jefe, que nunca supe cómo se llamaba, pero que también le pegaba muy fuerte. Cuando iba le pedía el dinero y le gritaba que era una pendeja. Un día llegó la policía y nos rescató. Nos llevaron a un hotel y ahí nos estaba esperando personal de la Coalición, nos ayudaron mucho. Buscaron a nuestras familias, y a muchas se las llevaron a un hospital.

Me acuerdo que una de mis compañeras, una que le decían la Chiquis, se metió a bañar, y pasaban y pasaban las horas, y se seguía restregando con el sácate. Y por más que le decían que ya estaba limpia que ya no se tallara, que se iba a sacar sangre, seguía tallándose con mucha fuerza, y gritaba que se quería borrar todo lo que esos viejos cochinos le habían hecho”.

Y así como Gris, por miles se cuentan las trágicas historias de niños y niñas a quienes les arrebataron su vida, enganchándolas por un empleo, por un noviazgo, o simplemente privándolas de la libertad.

Siempre he asegurado que este delito es el más perverso, ya que se aprovecha de la pobreza, desigualdad o simplemente del amor, para esclavizar y denigrar a seres humanos, aun cuando estos seres humanos sean niños y niñas.

Nos dieron de comer, y ya luego llegaron y nos llevaron a todas a un albergue especial para que pudiéramos aguantarnos cuando necesitábamos la piedra. Muchas de mis compañeras ya no se pudieron recuperar, ni regresar con sus familias. Otras aquí seguimos, tratando de recuperar nuestra infancia, nuestros sueños. Dice la Psicóloga que tenemos que tener un proyecto de vida. Pero es bien difícil olvidar lo que nos hicieron. Ya voy a la escuela, pero me cuesta mucho que me toquen… Voy a seguir tratando de recuperar mi vida. Hoy, ya tengo 16 años y muy pocas esperanzas y sueños…

Día de la Mujer y simulación

Día de la Mujer y simulación

Por Elvira Luna Pineda*

Cada año, de acuerdo al avance en el ejercicio de los derechos de las mujeres y al balance global respecto el cumplimiento de los compromisos que los países han adquirido en materia de igualdad, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) difunde un lema para enmarcar la conmemoración del día internacional de la mujer. En este 2015 el lema es “Empoderando a las Mujeres, Empoderando a la Humanidad: ¡Imagínalo! Este lema de acuerdo con la ONU, recrea un mundo en el que cada mujer y cada niña puede escoger sus decisiones, tales como participar en la política, educarse, obtener ingresos y vivir en sociedades libres de violencia y discriminación. En este año además destaca la Declaración de Pekín, “un plan histórico firmado por 189 gobiernos hace veinte años para materializar los derechos de las mujeres. Si bien los logros han sido muchos desde entonces, las brechas que persisten son muchas y profundas”. El día internacional de la mujer surgió de las actividades de los movimientos obreros durante el siglo XX en América del Norte y Europa. Desde entonces, ha adquirido una dimensión global.  La historia más difundida sobre el origen de esta conmemoración se refiere a los lamentables hechos de 1908 en el que murieron calcinadas más de 100 mujeres trabajadores de la fábrica textil Cotton de Nueva York, en un incendio provocado por los dueños de la fábrica, en donde las mujeres reclamaban mejores salarios por las extenuantes jornadas laborales y las condiciones infrahumanas en las que trabajaban. Como respuesta obtuvieron la represión de su manifestación y el lugar en el que se encontraban fue incendiado y murieron. Huelgas y marchas por la igualdad de los derechos laborales de las  mujeres han precedido el día internacional de la mujer. Se habla incluso de una huelga en la que las valientes obreras marcharon al grito de “pan y rosas”. “Pan” por su derecho a tener un salario que cubriera sus necesidades básicas y “Rosas” por el reclamo de condiciones de igualdad libres de violencia laboral. Es con este antecedente por lo que el día internacional de la mujer inicialmente era para conmemorar y reconocer a la mujer trabajadora, sin embargo, en forma gradual esta conmemoración ha incluido la lucha de las mujeres por la integralidad de sus derechos, y es así como llegamos a la actualidad. Esta actualidad en la cual es fácil olvidar y confundir que el 8 de marzo no se trata de una fiesta, no se trata de frivolizar la fecha ni emular esta conmemoración como si se tratara de un baby shower o una despedida de soltera, sino de una real conmemoración que invita en forma obligada a reflexionar acerca de los avances logrados, incidir en los temas y asignaturas pendientes y celebrar -por supuesto- la valentía y la determinación de mujeres de a pie que aun con todas las actuales y reales resistencias, juegan un papel clave en la historia de sus comunidades.

Este día debe conmemorarse y no permitir que el estado con la justificación del “festín” para las mujeres, distraiga su obligación de rendirnos cuentas. Los gobiernos han optado por celebrar, por festejar y por decirnos que a las mujeres nos “quieren” porque somos el “alma” y el “corazón”; esto les permite invisibilizar la desigualdad y marginación social en la que un gran número de mujeres viven. Preferir el festín permite a los gobiernos ocultar la realidad del statu quo en el camino hacia la igualdad de derechos. Institucionalizar el festín permite a los gobiernos evadir su responsabilidad para que en un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, reconozcan lo que se ha hecho, lo que no, y lo amplio aun de la brecha de desigualdad de género en todos los ámbitos del desarrollo social, económico y político. Parece que preferir la fiesta y arrinconar la conmemoración les permite a los gobiernos olvidar el grito de “pan y rosas” e imponer el “pan y el circo”. Es por eso que debemos incidir en la exigencia para que los gobiernos asuman la responsabilidad que les corresponde para  colocar la agenda por la igualdad en un lugar prioritario e inaplazable en las políticas de estado. “Instamos a los países a dar el paso por la igualdad de género” dijo en su mensaje en ocasión del Día Internacional de la Mujer 2015, la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres Phumzile Mlambo-Ngcuka, aseverando que la paridad de género debe lograrse antes de 2030, a fin de evitar el lento ritmo de progreso que condena a las niñas y los niños que nacen hoy a esperar 80 años antes de ver un mundo con igualdad. Un “Planeta 50-50” antes del 2030, esto se puede lograr si los gobiernos toman con seriedad el tema de la igualdad de género. Como lo he hecho en incontables ocasiones, aprovecho mi voz y aprovecho mis letras para reconocer a todas las mujeres comunes y corrientes que cada día son un verdadero ejemplo de entereza, valor y lucha. A la mujer indígena, a quien un pueblo que en ella tiene su origen, le llama despectivamente “india” o “María”; a la que va a la cárcel por robar leche para calmar el hambre de su hijo; a la que injustamente esta presa y condenada sin saber porque; a la que fue expulsada de su comunidad por falta de oportunidades y le llaman “migrante” y es extraña en su propio país. Mi reconocimiento para la mujer que en el abismo de la adicción una sociedad inquisitiva le llama “drogadicta”; a la mujer que es víctima de trata y una sociedad cruel y con duplicidad de moral le llama “puta”; a la mujer que desde niña es condenada a vivir y crecer en una casa hogar y una sociedad injusta la estigmatiza como “huérfana”. Mi reconocimiento desde estas letras para la mujer que es padre y madre y no claudica; para la que cose y plancha ajeno; para la que hace comida, pasteles o cualquier cosa para vender y poder vestir y alimentar a sus hijos; a la que ejerce el comercio ambulante y tiene que pagar “piso” a inspectores municipales, líderes gremiales y demás “autoridades”;  a la mujer que en la empresa, gobierno o sindicato le piden cuota física para promoverla, y a toda aquella que al no acceder a las imposiciones masculinas es despedida; a la obrera, la jornalera o la campesina que “goza” de un salario desigual; a la maestra que cada día educa a una nación y le escatiman su esfuerzo; a la profesionista que es condenada y excluida por pensar, crear y ser agente de cambio. Mi reconocimiento a la mujer que pare en la banqueta de un hospital ante un sistema de salud insensible y obtuso; a esa adulta mayor que la seguridad social no le alcanza más que para ser empaquetadora en un supermercado y pasar toda su jornada de pie aun sus más de 70 y tantos de edad; a la mujer que ni el cáncer, ni la injusticia, ni la discapacidad, ni la pobreza, ni la exclusión social le impiden seguir siendo una mujer entera, esa que nunca recibirá una gran placa o premio algún 8 de marzo, pero que lo merece más que ninguna otra…Y para la reflexión en conmemoración del día internacional de la mujer, ese día de “pan y rosas”, la frase de Nasreen Amina: “Yo vive a este mundo para ser libre y no esclava. Vine para vivir, no para figurar como una mera existencia. Vivo para ser persona y no objeto. Con mis pies aparto toda etiqueta con la cual se pretende controlarme.  Me tomo la atribución de cuestionar las verdades asumidas y de hacer profano lo que por siglos se ha tenido como sagrado”.

Alerta de violencia de género

Por Elvira Luna Pineda

Ex Diputada integrante de la XVIII Legislatura estatal

La “Alerta de violencia de género” fue incluida por primera vez en la legislación mexicana en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el uno de febrero de 2007. Esta ley por sí sola vino a revolucionar el tema e incluir en forma categórica –aun con muchas resistencias- en las discusiones oficiales los derechos humanos de las mujeres. Grandes temas considerados tabúes hasta entonces, fueron visibilizados en la ley. La violencia institucional por ejemplo, problema del cual se hablaba y argumentaba desde hacía años con la correspondiente negativa gubernamental, se incluyó en esta ley como uno de los ámbitos de materialización de la violencia contras las mujeres, por lo cual, ya no era una ocurrencia de un grupo de mujeres, académicas y asociaciones, sino una realidad reconocida y conceptualizada en forma legal. Otros temas fueron abordados desde perspectivas meramente conceptuales, sin dientes para su aplicación y sanción. Uno de ellos fue el feminicidio, no conceptualizado como tal sino como violencia feminicida. Sin embargo es dable reconocer que a partir de este concepto incluido en la ley se inició con un proceso legislativo en todo el país que ha derivado en la tipificación del delito de feminicidio con todas sus repercusiones, tanto legales, punitivas, como socio-antropológicas. Hablar de violencia feminicida y del delito de feminicidio lleva en forma aparejada a  plantear sobre la mesa la “Alerta de violencia de género”. ¿De qué se trata esta alerta? ¿Qué significa y cuál es su alcance? Analicemos. De conformidad con la ley, la “Alerta de violencia de género” es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad. El objetivo fundamental de la “alerta” es garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos. Esta alerta debe ser emitida a través de una declaratoria que emite el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación, misma que en su caso deberá notificar al Poder Ejecutivo de la entidad federativa de que se trate. Uno de los supuestos para iniciar con los trabajos preparatorios de la emisión de la declaratoria de la alerta es la solicitud que realice un organismo de la sociedad civil, y bueno, esto ya ha sucedido en Baja California. Es por lo cual, en respuesta a la solicitud que hiciera la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos, A.C., la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, ha emitido una convocatoria pública para conformar el grupo de trabajo ad hoc para Baja California, el cual deberá estudiar y analizar la situación que guarda nuestro estado respecto la violación a derechos humanos de las mujeres por violencia feminicida. Así que mucho hay que hacer. En otros estados de la República en los cuales se ha planteado la necesidad de esta “alerta” se ha caído en provocaciones político-partidista, en los cuales se ha observado que cuando el gobierno de que se trata es emanado de un partido político, la oposición impulsa la “alerta” más que por un interés legítimo de los derechos de las mujeres, lo hacen por la perversidad de llevar agua a su molino politizando y confundiendo el tema. Así que sobre aviso no hay engaños, se exige tanto del gobierno estatal que estará en la lupa en los próximos meses, como de los entes y organizaciones participantes, para que su único interés sea el contribuir en mejores y mayores estándares de respeto a los derechos humanos de las mujeres y no la partidización de la vida e integridad de las víctimas. Mientras nos leemos la semana entrante, les invito a reflexionar las palabras de Ayn Rand: “En qué se queda mi sabiduría si hasta los necios pueden mandarme? ¿En qué se queda mi libertad, si todas las criaturas, incluso las más viles e impotentes son mis amos? ¿En qué se queda mi vida, si he de inclinarme, aceptar y obedecer?

La injusta muerte de Janeth

JANETH LIZBETH. UNA INJUSTA MUERTE. Verdad, justicia y reparación ante este crimen que arrebató la vida de Janeth Lizbeth, el cual por sí mismo debe sacudirnos como sociedad, pero ante el cual también debemos reaccionar por las omisiones graves y perversas en las que incurrió la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Su injusta muerte pudo ser evitada, prevenida, y la injusta espera de sus  padres pudo ser menor si el Estado perezoso e irresponsable hubiese actuado. La denuncia por desaparición de la niña de 12 años, no tuvo mayor reacción en la lenta procuraduría estatal, se trataba de una desaparición más, un expediente más de los que se abren cada día y como tantos, se guardan en un cajón ante la ineptitud gubernamental. Janeth Lizbeth desapareció a sus 12 años de edad y tal como lo declaró el subprocurador Ramírez Amador, no activaron la alerta amber tal como muchos lo exigimos incluyendo por supuesto a su familia, ya que no cumplía los requisitos para activarla. ¿Cuáles son estos  ilegales requisitos que cobran la vida de nuestra niñez bajacaliforniana? Primero: "que la autoridad tenga algún motivo para creer que se ha sustraído a un menor de 18 años de edad"; segundo: "que la autoridad crea que el niño sustraído se encuentre en peligro inminente de sufrir algún daño corporal serio o incluso la muerte" y, tercero: "que exista suficiente información descriptiva de la víctima y del sustractor o del vehículo para que la alerta amber sea eficaz. Así, aunque usted no lo crea. Es decir, la inepta autoridad que confirmó el cruel asesinato de Janeth Lizbeth, nunca activó la alerta amber porque no "creyó" que la niña estaba sustraída. Tampoco "creyó" la ineficiente procuraduría que la niña se encontraba en un peligro inminente de sufrir algún daño corporal serio o incluso la muerte y ahora se encuentra su cuerpo sin vida, vida que le fue arrebata por la perversidad criminal y por la omisión oficial, y esto también es un crimen que debe tener más culpables y responsables de quien directamente le quito la vida. La inútil y amodorrada procuraduría tampoco tuvo suficiente información descriptiva de la víctima, del sustractor o del vehículo. Es decir, necesitaban más información de toda la que les proporcionó la familia. Además como sucede en estos casos, la familia también debía tener información del delincuente para proporcionarla a la autoridad que tiene la obligación de investigar. Y aun cuando parezca un mal y desatinado chiste, la autoridad también requiere los datos del vehículo en el cual se hubiesen llevado a la niña. Es decir, en forma por demás irónica, el delincuente debe llevar carro y además debe tener la decencia de esperar que alguien tome la marca, modelo y hasta las placas del vehículo para proporcionárselo a la adormecida autoridad. ¿Pero en que manos estamos? Y todavía remató el subprocurador diciendo que son respetuosos de las sentencias que en la materia ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que obligan a México y a todos sus estados incluyendo a esta Baja California olvidada. No señor subprocurador Ramírez Amador y no señora Perla Ibarra Procuradora de injusticias. Si tuvieran los más mínimos conocimientos de la forma en la que deben hacer su trabajo, sabrían que ante una denuncia por desaparición tienen la obligación legal de implementar mecanismos y búsquedas de oficio y sin dilación alguna, esto como una medida tendiente a proteger la vida, la libertad personal y la integridad personal de la persona desaparecida. Si supieran realmente como hacer su trabajo, sabrían además que deben establecer un trabajo coordinado entre diferentes cuerpos de seguridad para dar con el paradero de la persona. Si saben en realidad hacer su trabajo debieron  eliminar cualquier obstáculo de hecho o de derecho que le reste efectividad a la búsqueda o que haga imposible su inicio o consecución. Debieron asignar los recursos humanos, económicos, logísticos, científicos o de cualquier índole  necesarios para garantizar el éxito de la búsqueda. Además debieron priorizar las búsquedas en áreas donde razonablemente sea más probable encontrar a la persona desaparecida sin descartar arbitrariamente otras posibilidades o áreas de búsqueda. Y si hubiesen sabido cumplir cabalmente con su función, sabrían que todo lo anterior debió ser aún más urgente y riguroso porque la desaparecida era un niña. Pero no fue así, esta perversa y torpe autoridad "no creyó" que había riesgo. Y por no creer primero y no actuar después Janeth Lizbeth fue encontrada sin vida. El domingo coincidí en un programa de televisión con la madre y el padre de Janeth Lizbeth, ahí ellos pedían ayuda para localizar a su hija desaparecida desde el sábado. En ese momento varias personas difundimos en redes sociales la foto de la niña solidarizándonos con su búsqueda. Fue así como Mexicali conoció del suceso, no porque la autoridad se hubiese movido a buscarla desde el sábado. ¿Y saben por qué no? Porque ya  lo dijo el subprocurador, "no creyó" que había riesgo. Janeth Lizbeth, eres tú y soy yo. Janeth Lizbeth vivía en Victoria Residencial, pero si no exigimos como sociedad ahora, Janeth Lizbeth puede vivir y morir en cualquier lugar de nuestras ciudades porque al frente de las investigaciones está una autoridad que "no cree" que nuestra niñez al ser privada de la libertad está en riesgo. Su vida ya no regresará. Sin embargo el recuerdo de su injusta muerte debe vivir en cada uno de nosotros para decidirnos de una vez por todas a exigir a este gobierno impune que revise sus procedimientos, que el gobernador llame a su procuradora y al subprocurador, los corra y ponga en esos lugares a quien si quiera trabajar y no se conforme con "no creer" que ante la desaparición de una niña no hay riesgo. La lección a la que debemos comprometernos con el recuerdo de Janeth Lizbeth es a no seguir permitiendo este abuso gubernamental que lacera y asesina a nuestra niñez. Que estos malos funcionarios sigan disfrutando de su pereza y falta de compromiso en cualquier parte, menos en esos lugares en los que se debe procurar esa justicia que parece cada vez más lejana. En memoria de Janeth Lizbeth. Por ella y por su vida, no queremos más niños y niñas muertas ante la impunidad gubernamental. "Donde hay poca justicia, es un peligro tener la razón" Francisco de Quevedo.

Presunción de inocencia vs. Fabricación de culpables…

Presunción de inocencia vs. Fabricación de culpables…

Por Elvira Luna Pineda

Ex Diputada integrante de la XVIII Legislatura Estatal

Para nadie es un secreto que de “iba pasando por ahí” te convierten en delincuente, sicario o narcotraficante. Alguien en alguna oficina gubernamental de repente requiere justificar el trabajo que no hace, y convierte a hombres y mujeres inocentes en delincuentes de alta peligrosidad. Mientras, los verdaderos criminales se pasean sin ningún rubor por cualquier lugar, con total impunidad y ante la complacencia oficial. Analicemos. Jacinta, Teresa y Alberta, fueron detenidas en el sexenio de Fox por “secuestrar” a 6 policías federales y condenadas a 21 años de prisión. Obtuvieron su libertad en 2010, al recurrir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tener ésta, que enmendar el trabajo de los Jueces de Distrito que no supieron, no pudieron y/o no quisieron detectar las irregularidades y violaciones procedimentales y a derechos humanos en las que incurrió el Ministerio Público Federal al sostener la acusación de estas 3 mujeres mexicanas, que de vendedoras de aguas frescas, nieves y paletas fueron convertidas por un rancio sistema de justicia en secuestradoras de 6 policías federales. Jacinta, ejemplo de coraje y dignidad no quedó conforme con su liberación, y demandó a la Procuraduría General de la República (PGR) por daño moral y material ante la infame y perversa acusación. ¿Porque infame? ¿Porque perversa? Porque nunca se presentaron pruebas sólidas en su contra, la hicieron firmar docenas de documentos sin la asistencia de un intérprete, ya que Jacinta hablante de su lengua madre el otomí, de acuerdo con estudios antropológicos realizados por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Querétaro, apenas hablaba un 20 por ciento de español, violándose diversas disposiciones legales en materia de derechos humanos establecidas en el derecho interno y en tratados internacionales suscritos y ratificados por México. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez se hizo cargo de la defensa de Jacinta, demostrando que esta mujer madre de 6 hijos y abuela de igual número de nietos, vendedora de nieves y hablante otomí, se le atribuyó una acusación y declaración fabricada escrita en español, que ella no puedo elaborar y menos aún comprender. Además la defensa atinadamente alegó y demostró que fue materialmente imposible que Jacinta conjuntamente con Teresa y Alberta pudieran privar de la libertad a 6 agentes policiales capacitados y entrenados para repeler agresiones, y que además se encontraban armados en el momento del “supuesto secuestro” imputado a las 3 mujeres. Hace apenas unos días, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa le dio la razón a Jacinta y ordenó a la PGR indemnizarla económicamente por su acusación y encarcelamiento ilegal. La reparación debe incluir el tiempo que Jacinta no pudo trabajar por estar en prisión y una cantidad adicional por daño moral ya que la privación de su libertad le causó lesión “en su honor, sentimiento, vida privada, decoro, reputación y aspecto físico”. Una disculpa pública también es parte de esta sentencia, en la cual la PGR “deberá reconocer públicamente la inocencia de Jacinta, por los delitos que fue indebidamente acusada, al menos en los mismos medios donde se difundió la acusación en su contra”. Este fallo, “constituye jurisprudencia obligatoria para todos los tribunales administrativos federales del país”, obligando a las autoridades a su profesionalización y especialización técnica para erradicar violaciones a derechos humanos como modus operandi del sistema que facilita la fabricación de culpables. Mientras tanto, en Baja California casos como estos quedan en el olvido ante la insensibilidad y opacidad gubernamental. La inmolación del señor José Guadalupe Macías en plena explanada del Centro Cívico en Mexicali, es muestra de que en Baja California la fabricación de culpables también es una ruta…

Violencia Obstétrica

Violencia y salas de parto.

Por Elvira Luna Pineda

La violencia contra las mujeres constituye una de las más graves violaciones de los derechos humanos. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia define a la violencia contra las mujeres como  “cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público”. Dese mi opinión, una de las innovaciones de esta importante ley ha sido además de conceptualizar los diferentes tipos de violencia, incluir los ámbitos en los cuales se genera, visibilizando el institucional y definiéndolo como aquellos “actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia”. Fácil ha sido encontrar una gran cantidad de casos de violencia institucional generada en el ámbito de la procuración de justicia, en donde agentes, policías y diversidad de funcionarios (mujeres y hombres) revictimizan y violentan a mujeres víctimas que denuncian algún hecho de agresión, y lo que obtienen como respuesta es la pereza, la omisión y la falta de voluntad para generar las acciones o medidas que faciliten el acceso a la justicia. Sin embargo, hay otros ámbitos institucionales generadores de violencia contra las mujeres que parecieran invisibles aun, estas son las salas de parto. Diversos estudios han revelado un viejo problema con nuevas evidencias, el maltrato a la mujer en los servicios de salud es una constante, en particular en las áreas de gineco-obstetricia. Un artículo publicado por la Comisión Nacional de Arbitraje Médico ha expuesto que “el abuso y la violencia que se ejerce en contra de las mujeres en salas de maternidad es un problema de salud pública y derechos humanos de larga historia que cada vez cobra mayor interés en varios países, motivando la intervención legal”. A su vez, una investigación realizada por el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), reveló que son incontables las prácticas habituales y formas de abuso en las que incurre el personal médico en las salas de parto, como ejemplo incluye los regaños, humillaciones, alusiones a su vida sexual, conminaciones y colocación del dispositivo intrauterino sin consentimiento. Este trabajo de investigación científica-social realizado por la UNAM muestra que los médicos ya sean hombres o mujeres, se dirigen a las pacientes en labor de parto con frases o bromas como: “aguántate”, “así te gusto”, “antes abriste las piernas” o “claro que lo haremos”, esta última expresión refiriéndose a la episiotomía -incisión quirúrgica que permite ampliar la zona-, utilizando expresiones además como: “a todas” o “de castigo”.

Risas, códigos de comunicación entre médicos y enfermeras que ridiculizan la postura o situación de la mujer en trabajo de parto, además de bromas que realiza el personal médico  en medio del parto y delante de las madres, diciendo si a uno u otro médico se le han muerto más niños al momento de nacer, son algunas de las agresiones y actos violentos hacia las mujeres que los investigadores identificaron en los diferentes testimonios, observaciones, entrevistas con grupos focales y recomendaciones que sobre el tema han emitido la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones estatales.

En el estudio realizado la UNAM señala que este grave problema además de ser ético, debe ser redefinido con un enfoque sociológico, puntualizando que en muchas ocasiones jurídicamente hablando los abusos si bien no trascienden en delitos o negligencias, si materializan un hábito médico autoritario que colocan al personal de salud en la línea invisible de violaciones a derechos humanos. Políticas públicas en la materia, además de asignaturas ad hoc en las facultades de Medicina, podrían ser la pauta que permita  desnaturalizar estos usos y prácticas institucionalizadas. ¿Qué se está haciendo ahora para eliminar la violencia que parece no tener fin? Con la frase de Soledad Gallego-Díaz, nos leemos la semana entrante: “Para combatir el antisemitismo no hace falta ser judío, como para luchar contra el racismo no hace falta ser negro. Lamentablemente, a veces parece que para combatir la discriminación de la mujer hace falta ser mujer”.

Violencia contra la niñez

Violencia contra niñas y niños,
una realidad que los gobiernos evaden y la sociedad tolera.

El 20 de noviembre de 1989, la humanidad dio el paso más grande que en la historia se tuviera memoria en materia de derechos humanos de la niñez, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. Este es el tratado de derechos humanos más universalmente aceptado y ha sido ratificado por todos los países con excepción de Estados Unidos. México lo firmó y ratifico, lo que implica –de acuerdo con el sistema constitucional- vinculación y obligatoriedad en su aplicación. Sin embargo, a 24 años de la Convención, ¿Qué sucede en México con los derechos de la niñez? ¿Y Baja California, ha implementado las políticas públicas adecuadas y efectivas para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra niñas y niños? Revisemos datos. El Fondo de las Naciones Unidas para la Protección de la Infancia (UNICEF), ha señalado que el ambiente de violencia en México tiene un impacto fuerte en niños y niñas, y queda reflejado en tasas de homicidios muy elevados también con respecto a ellos. Este escenario, -refiere el Informe Nacional sobre Violencia y Salud-, “no podría explicarse sin que existiera un alto nivel de tolerancia para la violencia que se ejerce en contra de niñas y niños en nuestro país. La imposición de castigos físicos o el maltrato verbal, por ejemplo siguen siendo prácticas cotidianas que gozan de niveles altos de aceptación. Por detrás de los casos más extremos que ocasionan la muerte, siempre existen muchos más que, aunque resulten menos visibles y menos dramáticos, implican dosis cotidianas de dolor que causan severos daños y disminuyen de manera drástica las posibilidades de una vida sana y plena”. Este informe señala además que a causa de la violencia en México, 2 niños con menos de 14 años mueren cada día. Además, entre un 55 y un 62% de niños y niñas dicen haber sufrido alguna forma de maltrato (físico, emocional o sexual) en algún momento de su vida.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos visibilizó que en nuestro país el 60 por ciento de niñas y niños de entre uno y 14 años son víctimas de diversas acciones de violencia que lesionan su integridad. Padres, madres y personas del entorno familiar, en la mayoría de los casos, son quienes vulneran la integridad física y emocional de la niñez.

El índice de los Derechos de la Niñez y Adolescencia Mexicana de UNICEF muestra datos preocupantes de muertes violentas, especialmente de adolescentes varones. Según datos de la Secretaría de Salud utilizadas para el índice en 2004 cada semana 12 adolescentes fueron asesinados y otros 10 se suicidaron. Datos recientes sobre violencia arrojaban sobre la mesa datos tan alarmantes como que siete de cada diez jóvenes sufre violencia en su relación de noviazgo (un 76% de violencia psicológica, 16.5% de violencia sexual y 15% de violencia física). En cuanto a la violencia en la familia, sólo el 34%de los mayores de 15 años no atestiguaron violencia física entre sus padres. El 66% restante ha vivido al menos una de las formas de violencia.

De acuerdo con estudios realizados por UNICEF, hay una gran correlación entre la violencia contra niños y niñas y la violencia entre adultos. Entre los países de la OCDE que fueron analizados para dichos estudios, México junto con Estados Unidos de América y Portugal tenía el número más alto de niños y niñas muertos por maltrato. Estos tres países también tenían tasas excepcionalmente altas de muertes por violencia entre adultos. De acuerdo con el Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre Violencia contra los Niños, si buscamos causas de la violencia en México como en otros países, nos encontraremos con que la percepción social es, en muchos casos, que los niños y las niñas son propiedad de los adultos, es por eso que entender y extender la noción de que la niñez es sujeta de derechos se convierte en todo un desafío.

Existe en México –refiere el estudio- una brecha entre el discurso de la protección de los derechos de la infancia y algunas prácticas violatorias de los derechos humanos y de la dignidad de niños, niñas y adolescentes. La ausencia de un sistema veraz y fiable de información sobre las formas en que se ejerce la violencia contra la infancia y las consecuencias de ésta, dificulta la tarea de hacerla visible, desnaturalizarla y contar con respuestas adecuadas de política pública para su prevención, sanción y erradicación. En palabras de Paulo Sérgio Pinheiro, “Ninguna violencia contra los niños está justificada y toda violencia puede ser prevenida…”

JUSTICIA DENEGADA para las Mujeres

JUSTICIA DENEGADA para las Mujeres.

¿Omisión o ineptitud?

Las víctimas eran Claudia Ivette, Laura Berenice y Esmeralda, la dos últimas menores de edad. Una sentencia fue comunicada a México, el clamor de justicia de tres familias por fin fue escuchado, no por las instituciones mexicanas -quienes discriminaron, revictimizaron y negaron el acceso a la justicia-, sino por  la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Tribunal que condenó a México por violación de derechos humanos.

Después de su desaparición y ulterior muerte, las familias y las madres de las víctimas, denunciaron su desaparición y solicitaron la búsqueda y localización de sus hijas, algunas de las respuestas de funcionarios estatales -además de esperar las cuestionadas 72 horas- fueron las siguientes: “son sólo muchachas corrientes y por lo tanto no eran consideradas una gran pérdida”; “seguro se había ido con el novio, porque las muchachas eran muy voladas y se les aventaban a los hombres”; “a lo mejor se fue con el novio, que a lo mejor al rato regresaba”; “no está desaparecida, anda con el novio o anda con los amigos de vaga”; “que si le pasaba eso era porque ella se lo buscaba, porque una niña buena, una mujer buena, está en su casa”. Visible fue que las respuestas vertidas por funcionarios estuvieron  influenciadas por un contexto de discriminación basada en el género. El Relator Especial sobre la independencia judicial de la ONU, señaló: “al principio es indudable que estos hechos no conmovieron mucho a los agentes de la policía y a los procuradores, quienes llegaron incluso a reprochar a las mujeres su presunta falta de moralidad”.

La sentencia conocida como “Campo Algodonero” además de cimbrar a México lo exhibió por la impunidad de estos crímenes. Distintas pruebas allegadas al Tribunal Interamericano, señalaron, que funcionarios del estado de Chihuahua y del Municipio de Juárez minimizaban el problema y llegaron a culpar a las propias víctimas de su suerte, por su forma de vestir, por el lugar en que trabajaban, por su conducta, por andar solas o por falta de cuidado de los padres.

La sentencia además advirtió que la impunidad de los delitos cometidos envía el mensaje de que la  violencia contra la mujer es tolerada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad en las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en el sistema de administración de justicia”. Al respecto, el Tribunal Interamericano resalta lo precisado por la Comisión Interamericana en su informe temático sobre “Acceso a la Justicia para Mujeres Víctimas de Violencia” en el sentido de que la influencia de patrones socioculturales discriminatorios puede dar como resultado una descalificación de la credibilidad de la víctima durante el proceso penal en casos de violencia y una asunción tácita de responsabilidad de ella por los hechos, ya sea por su forma de vestir, por su ocupación laboral, conducta sexual, relación o parentesco con el agresor, lo cual se traduce en inacción por parte de los fiscales, policías y jueces ante denuncias de hechos violentos. Esta influencia también puede afectar en forma negativa la investigación de los casos y la valoración de la prueba subsiguiente, que puede verse marcada por nociones estereotipadas sobre cuál debe ser el comportamiento de las mujeres en sus relaciones interpersonales.

Estos crímenes sucedieron en Ciudad Juárez, y la omisión primero del gobierno de Chihuahua seguido del Federal permitió que el caso llegará hasta un Tribunal Internacional condenando a todo el país a establecer  y unificar criterios y estándares de investigación policial, pericial y ministerial, a obligar a la capacitación de servidores públicos en materia de género y derechos humanos, a adoptar protocolos de búsqueda y localización de mujeres y niñas tales como el  Protocolo Alba o Alerta Amber. Los crímenes se siguen perpetrando, las asignaturas pendientes en materia de procuración e impartición de Justicia siguen siendo voluminosas, la violencia institucional que padecen las víctimas sigue siendo una realidad. La pregunta persiste: Estos funcionarios que discriminan, estereotipan y revictimizan a las mujeres negándoles su derecho de acceso a la justicia sólo existen o existieron en Ciudad Juárez? ¿Qué se puede decir respecto a Baja California?  La siguiente reflexión de Martin Luther King nos esperará hasta la semana entrante, "Tengo un sueño, un sólo sueño, seguir soñando. Soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad y ojalá ya no tuviera necesidad de soñarlas". 

El Feminicidio y la respuesta del Estado

El FEMINICIDIO y la respuesta del Estado.

En la actualidad surge una serie de dudas y debates respecto a la legislación y las políticas públicas que se han adoptado con particular énfasis en torno a las mujeres y el respeto a sus derechos humanos. En el marco del derecho internacional, de acuerdo con la Consultoría para la Oficina en México del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en México, es bien sabido que la violencia contra las mujeres representa una violación a los derechos humanos y constituye uno de los principales obstáculos para lograr una sociedad igualitaria y plenamente democrática. Ningún estado puede ni debe presumir de avance, desarrollo y altos estándares democráticos si se siguen cometiendo delitos contra las mujeres por el hecho de ser mujeres.

Desde 1993 México ha sido foco de atención ante la comunidad internacional por las cifras -calificadas como alarmantes- de desapariciones de mujeres y su correlación con homicidios violentos de mujeres en el norte del país.

Durante agosto de 2006, el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer emitió en México una serie de observaciones finales resultantes de su visita a nuestro país, entre las cuales instaba al Estado Mexicano a acelerar “la aprobación de la reforma del Código Penal Federal para tipificar el feminicidio como delito”. En relación con esta observación, en diciembre del 2007 se incluyó dentro del Diagnóstico de la Situación de los Derechos Humanos en México, en la Actualización del Capítulo 5 sobre los derechos humanos de las mujeres, la recomendación de “estudiar a profundidad la conveniencia de tipificar el feminicidio”. El concepto y el potencial alcance de la figura de feminicidio es complejo, ya que engloba una serie de fenómenos que van desde la violencia sistémica y la impunidad, hasta el “homicidio de mujeres por el simple hecho de serlo” así lo ha expresado la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución A/61/122/Add.1.

El estudio y análisis de la comisión del delito de feminicidio implica abordar la discriminación contra las mujeres y la violencia de género, considerar situaciones que expresan y reproducen relaciones asimétricas de poder, que desarrollan mecanismos para perpetuar la subordinación y la exclusión de las mujeres de la vida política, civil, económica, social y cultural, así como del ejercicio pleno de sus derechos. Se trata –según coinciden investigadores y derechohumanistas- de un acto culminante de una serie de vejaciones cruentas, que ya han vulnerado previamente diversos derechos de la víctima e infringido una serie de agresiones constituyentes de delito como violación, lesiones, privación de la libertad y otras, por lo que está al final del “continuum” del terror contra las mujeres, el cual incluye una gran variedad de abusos verbales y físicos, la tortura, la esclavitud sexual (particularmente en prostitución), el incesto y el abuso sexual infantil extrafamiliar, la agresión psicológica, el hostigamiento sexual, etcétera (Diana Russell, 1976). Es el motivo por el cual se califica al feminicidio como la expresión extrema del poder masculino sobre la mujer, legitimado por una percepción social desvalorizadora, hostil y degradante de las mujeres.

Especialistas en derechos de las mujeres, Derechos Humanos y Derecho Penal han esbozado elementos o ciertas circunstancias que deben ser consideradas en la formulación de los tipos penales de feminicidio, mismos que han sido tomados en cuenta por países como México para incluir este delito en el Código Penal Federal, y que han sido omitidos por la XX Legislatura estatal de Baja California al incluir este delito en el artículo 129 del Código estatal.

Sigue siendo un tema pendiente, el fortalecimientos de capacidades institucionales y el favorecer la existencia de personal especializado en estos crímenes y, no menos importante, el promover e institucionalizar políticas públicas que promuevan el respeto a los derechos humanos de las mujeres, eliminado estereotipos y roles discriminatorios que les denigran y cosifican. Concluyo invitándoles a reflexionar el tema en palabras de Rita Lauro Sagato, “en un medio dominado por la institución patriarcal, se tribuye menos valor a la vida de las mujeres y hay una propensión mayor a justificar los crímenes que padecen”.

Feminicidio

¿Que pasa con el Feminicidio?

Por Elvira Luna Pineda

Hoy por hoy diversidad de dudas y debates surgen sobre este grave problema, ya sea en el ámbito de la legislación o en el de las políticas públicas que se han adoptado con particular énfasis en torno a las mujeres y el respeto a sus derechos humanos. En el marco del derecho internacional, de acuerdo con la Consultoría para la Oficina en México del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en México, es bien sabido que la violencia contra las mujeres representa una violación a los derechos humanos y constituye uno de los principales obstáculos para lograr una sociedad igualitaria y plenamente democrática. Ningún estado puede ni debe presumir de avance, desarrollo y altos estándares democráticos si se siguen cometiendo delitos contra las mujeres por el hecho de ser mujeres.

Desde 1993 México ha sido foco de atención ante la comunidad internacional por las cifras -calificadas como alarmantes- de desapariciones de mujeres y su correlación con homicidios violentos de mujeres en el norte del país.

Hace algunos años ya que el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer emitió en México una serie de observaciones finales resultantes de su visita a nuestro país, entre las cuales instó al Estado Mexicano a acelerar “la aprobación de la reforma del Código Penal Federal para tipificar el feminicidio como delito”. En relación con esta observación, en diciembre del 2007 se incluyó dentro del Diagnóstico de la Situación de los Derechos Humanos en México, en la Actualización del Capítulo 5 sobre los derechos humanos de las mujeres, la recomendación de “estudiar a profundidad la conveniencia de tipificar el feminicidio”. El concepto y el potencial alcance de la figura de feminicidio es complejo, ya que engloba una serie de fenómenos que van desde la violencia sistémica y la impunidad, hasta el “homicidio de mujeres por el simple hecho de serlo” así lo ha expresado la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución A/61/122/Add.1.

El estudio y análisis de la comisión del delito de feminicidio implica abordar la discriminación contra las mujeres y la violencia de género, considerar situaciones que expresan y reproducen relaciones asimétricas de poder, que desarrollan mecanismos para perpetuar la subordinación y la exclusión de las mujeres de la vida política, civil, económica, social y cultural, así como del ejercicio pleno de sus derechos. Se trata –según coinciden investigadores y derecho-humanistas- de un acto culminante de una serie de vejaciones cruentas, que ya han vulnerado previamente diversos derechos de la víctima e infringido una serie de agresiones constituyentes de delitos. Es el motivo por el cual se califica al feminicidio como la expresión extrema del poder masculino sobre la mujer, legitimado por una percepción social desvalorizadora, hostil y degradante de las mujeres.

Especialistas en derechos de las mujeres, Derechos Humanos y Derecho Penal han aportado elementos o ciertas circunstancias que deben ser consideradas en la formulación de los tipos penales de feminicidio, mismos que han sido tomados en cuenta por países como México para incluir este delito en el Código Penal Federal, y que han sido omitidos por la XX Legislatura estatal de Baja California al incluir este delito en el artículo 129 del Código estatal.

En el tema de política pública, sigue siendo sin duda un tema pendiente, el fortalecimiento de capacidades institucionales y el favorecer la existencia de personal especializado en estos crímenes y, no menos importante, el promover e institucionalizar políticas públicas que promuevan el respeto a los derechos humanos de las mujeres, eliminado estereotipos y roles discriminatorios que les denigran y cosifican. En esta ocasión les invito a reflexionar con una de las frases célebres ya, por la niña Malala Yousafzai, quien a sus 17 años ha sido distinguida con el Premio Nobel de la Paz, esta frase reza: "Teníamos dos opciones, estar calladas y morir o hablar y morir, y decidimos hablar". Nos leemos la semana entrante.

Violación de derechos humanos en el Nuevo Sistema de Justicia Penal

Violación de derechos humanos en el NSJP

Por Elvira Luna Pineda

Ex Diputada integrante de la XVIII Legislatura Estatal

y Vicepresidenta Nacional de la Academia de Género de la CONCAAM

La violencia familiar es en primer lugar un delito, establecido en el artículo 242 bis del Código Penal del estado, que señala que a quien lo cometa se le sancionará con pena de prisión desde los seis meses hasta los cuatro años. Pero el problema va más allá de una normatividad penal que en la práctica es casi letra muerta. La violencia familiar es una problemática real y callada que se genera como un acto abusivo de poder, control y dominación. ¿Quien ejerce o genera este tipo de violencia y hacia quien la dirige? Aun cuando se ha asociado al hombre como generador de violencia en el seno familiar, la realidad tiene un factor determinante, el poder del más fuerte sobre quien es más débil o vulnerable, de ahí que efectivamente sean las mujeres quienes mayormente son víctimas de violencia, -incluso extrema hasta la muerte- por parte de sus parejas o exparejas, como esposos, concubinos, novios, o personas con las que se tuvo o tiene alguna relación sentimental. Sin embargo estudios serios visibilizan a la madre o abuela como generadoras de violencia contra niños y niñas (hijos, hijas, nietos, nietas). Los adultos mayores y las personas con discapacidad son otro grupo poblacional que también resiente la victimización directa o indirecta de la violencia en el entorno de familia.

Esta grave problemática social ha estado envuelta en una serie de confusiones, resistencias, incapacidades y negligencias gubernamentales, además de ciertos tabúes. Se cree que las familias en las que se origina son aquellas en situación de pobreza o que viven en zonas marginadas o rurales inclusive. La realidad, -callada- nos alerta contra este cáncer social, la violencia familiar se da en el seno de cualquier familia, con diferentes matices y particularidades. Las familias consideradas de clase media o media alta, la padecen y en gran número, sin embargo, sus miembros son quienes menos recurren a pedir apoyo profesional o institucional debido al “bullying social” al que consideran pueden ser expuestos. Se piensa además que sólo aquellas mujeres dependientes económicamente de su pareja o que no tienen estudios la sufren. Estos estereotipos se rompen ya que cada día con mayor incidencia se conocen casos de víctimas de mujeres con perfil profesional, ejecutivas, autónomas económicamente, incluso jefas de familia que sufren la violencia, amenazas, acoso y hostigamiento. ¿Qué pasa con las políticas públicas de prevención, atención y sanción de la violencia familiar?

Incontables son los factores que limitan las medidas que al respecto se han implementado. Incluyen la falta de conocimientos o comprensión de funcionarios sobre la violencia y sus causas fundamentales, la escasez de datos y estadísticas que cuantifiquen más allá de la punta del iceberg,  las  investigaciones para fincar responsabilidades y las medidas de protección en favor de las víctimas son escasas y con deficientes resultados, justificando en la mayoría de las ocasiones su falta de actuación en el inminente “perdón de la víctima”. Programas sin presupuestos o recursos insuficientes, planes hechos en las rodillas, instancias creadas ad hoc por los caprichos o ineptitud de los titulares en turno; iniciativas que a menudo son reactivas, se focalizan en los síntomas y las consecuencias, no en las causas. Estrategias gubernamentales -si las hay-, tienden a estar fragmentadas desperdiciando esfuerzos y parcializando objetivos. Respecto los compromisos internacionales su cumplimiento es casi nulo, aun cuando el estado pueda difundir lo que ha hecho o los avances en sus medidas implementadas, los testimonios de las víctimas reflejan lo contrario, sólo por mencionar un ejemplo, el gran error del sistema de justicia de Baja California, al someter casos de violencia familiar, violencia contra mujeres y casos similares a la justicia alternativa dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Error, omisión y contradicción legal que con procedimientos del estado, violentan no sólo las leyes nacionales, sino los derechos humanos de las víctimas. Para reflexión: “Si la justicia existe, tiene que ser para todos; nadie puede quedar excluido, de lo contrario ya no sería justicia” P. Auster.

Twitter @mujerporlapaz

www.facebook.com/CentroIntegralparalaMujer

TRATA DE PERSONAS.

Migración y Trata de Personas: http://youtu.be/_MPeuTYHHfI

Manual para la Prevención de la Violencia

SOBRE IMPUNIDAD. https://www.youtube.com/watch?v=EaZOLGW9of4