Violencia contra niñas y niños,
una realidad que los gobiernos evaden y
la sociedad tolera.
El 20 de noviembre de 1989,
la humanidad dio el paso más grande que en la historia se tuviera memoria en
materia de derechos humanos de la niñez, la Asamblea General de las Naciones
Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. Este es el tratado de
derechos humanos más universalmente aceptado y ha sido ratificado por todos los
países con excepción de Estados Unidos. México lo firmó y ratifico, lo que
implica –de acuerdo con el sistema constitucional- vinculación y obligatoriedad
en su aplicación. Sin embargo, a 24 años de la Convención, ¿Qué sucede en
México con los derechos de la niñez? ¿Y Baja California, ha implementado las
políticas públicas adecuadas y efectivas para la prevención, sanción y
erradicación de la violencia contra niñas y niños? Revisemos datos. El Fondo de
las Naciones Unidas para la Protección de la Infancia (UNICEF), ha señalado que
el ambiente de violencia en México tiene un impacto fuerte en niños y niñas, y
queda reflejado en tasas de homicidios muy elevados también con respecto a
ellos. Este escenario, -refiere el Informe Nacional sobre Violencia y Salud-,
“no podría explicarse sin que existiera un alto nivel de tolerancia para la violencia que se ejerce en contra de niñas
y niños en nuestro país. La imposición de castigos físicos o el maltrato verbal,
por ejemplo siguen siendo prácticas cotidianas que gozan de niveles altos de
aceptación. Por detrás de los casos más extremos que ocasionan la muerte,
siempre existen muchos más que, aunque resulten menos visibles y menos
dramáticos, implican dosis cotidianas de dolor que causan severos daños y
disminuyen de manera drástica las posibilidades de una vida sana y plena”. Este informe señala además que a causa
de la violencia en México, 2 niños con menos de 14 años mueren cada día. Además, entre un 55 y un 62% de niños y niñas dicen
haber sufrido alguna forma de maltrato (físico, emocional o sexual)
en algún momento de su vida.
La
Comisión Nacional de Derechos Humanos visibilizó que en nuestro país el 60 por
ciento de niñas y niños de entre uno y 14 años son víctimas de diversas
acciones de violencia que lesionan su integridad. Padres, madres y personas del
entorno familiar, en la mayoría de los casos, son quienes vulneran la
integridad física y emocional de la niñez.
El índice de los Derechos de la Niñez y Adolescencia Mexicana
de UNICEF muestra datos preocupantes de muertes violentas, especialmente de
adolescentes varones. Según datos de la Secretaría de Salud utilizadas para el
índice en 2004 cada semana 12 adolescentes
fueron asesinados y otros 10 se suicidaron. Datos recientes sobre violencia arrojaban sobre la
mesa datos tan alarmantes como que siete
de cada diez jóvenes sufre violencia en su relación de noviazgo (un
76% de violencia psicológica, 16.5% de violencia sexual y 15% de violencia
física). En cuanto a la violencia en la familia, sólo el 34%de los mayores de
15 años no atestiguaron violencia física entre sus padres. El 66% restante ha
vivido al menos una de las formas de violencia.
De acuerdo con estudios realizados por UNICEF, hay
una gran correlación entre la violencia contra niños y niñas y la violencia
entre adultos. Entre los países de la OCDE que fueron analizados para dichos
estudios, México junto con Estados Unidos de América y Portugal tenía el número
más alto de niños y niñas muertos por maltrato. Estos tres países también
tenían tasas excepcionalmente altas de muertes por violencia entre adultos. De
acuerdo con el Estudio
del Secretario General de las Naciones Unidas sobre Violencia contra los Niños,
si
buscamos causas de la violencia en México como en otros países, nos
encontraremos con que la percepción social es, en muchos casos, que los niños y
las niñas son propiedad de los adultos, es por eso que entender y extender la
noción de que la niñez es sujeta de derechos se convierte en todo un desafío.
Existe en México –refiere el estudio- una brecha
entre el discurso de la protección de los derechos de la infancia y algunas
prácticas violatorias de los derechos humanos y de la dignidad de niños, niñas
y adolescentes. La ausencia de un sistema veraz y fiable de información sobre
las formas en que se ejerce la violencia contra la infancia y las consecuencias
de ésta, dificulta la tarea de hacerla visible, desnaturalizarla y contar con
respuestas adecuadas de política pública para su prevención, sanción y
erradicación. En palabras de Paulo Sérgio Pinheiro, “Ninguna violencia contra los niños
está justificada y toda violencia puede ser prevenida…”
