Vieja el que llegue al último

“Vieja quien llegue al último”

Por Elvira Luna Pineda

Cuando se habla de violencia contra las mujeres, en ocasiones se describen a los factores que la originan y multiplican y pareciera que nace en otra sociedad  en una galaxia lejana. Sin embargo no es así, la violencia contra las mujeres y la violencia de género existen porque hay una sociedad que la tolera, normaliza y la reproduce en casa, en la escuela, en la calle, en el trabajo y en cada medio social en el cual los seres humanos nos desarrollamos desde que nacemos.

Analicemos. ¿Quién no ha dicho alguna vez en su vida “vieja quien llegue al último”? Seguramente nadie nos salvamos. Cuando jugábamos a “los quemados”, “los encantados” o simplemente en cualquier carrera que se improvisaba en cualquiera de las calles y callejones de nuestras comunidades, quien llegaba al último era vieja. ¿Y por qué? Pues porque independientemente de que quien llegue al último fuese niña o niño, por el sólo hecho de ser tan lento, merecía ser mujer, es decir “vieja”. Y resulta que todos, niños y niñas corríamos despavoridos porque nadie, absolutamente nadie queríamos llegar al último. El castigo era mayúsculo, seríamos “vieja”.

¿Qué acaso no hay hombres o niños lentos? O en su caso ¿No hay mujeres y niñas veloces? A ambas preguntas la respuesta debe ser “si”. Sin embargo históricamente nos infundieron que la competencia y la velocidad eran características de arrojo y determinación, las cuales han sido históricamente masculinas. Y ¡ay! de aquella mujer que se atreva a competir porque se ganaba miles de motes relacionados con masculinidad, o por lo menos se nos decía: “esos juegos no son de niñas”. Jugar a las muñecas y a los trastecitos han sido los juegos permitidos o empujar la carriola con una muñeca bebé. Actividades que predisponen a los roles sociales permitidos que debe asumir la mujer en la sociedad. No nos asustemos. La violencia existe porque así nos han educado. No por esto la debemos normalizar y ejercer, sino conocer porque en lo individual se genera y porque la sociedad la ve como algo normal. Eso es lo que debemos desnormalizar y deconstruir.

Monserrat Boix explica como en el Renacimiento, por ejemplo, es una etapa que constituyó el “renacer” sólo para los hombres, para quienes las posibilidades educativa y laborales fueron mejoradas, sin embargo explica, “…para las mujeres fue todo lo contrario: no pudieron acceder a la educación humanista y los nuevos estados, centralistas y uniformadores, y se dictaron leyes que restringieron aún más sus posibilidades”. Resalta además como la fundación de las universidades fue patrimonio de los varones con una gran repercusión negativa para las mujeres. “Hasta el siglo XIII la presencia e influencia femeninas en la educación son mayores que las de los varones, son activas enseñantes, intelectuales, mecenas y escritoras pero la universidad excluye a las mujeres y el saber pasa a ser patrimonio del varón”.

Dichos misóginos y chistes en torno a las mujeres y su falta de seriedad al pensar, etiquetándola como ser “no cerebral o mono neuronal” queda de manifiesto también en la historia: Por ejemplo Aristóteles dijo: “La hembra es hembra en virtud de cierta falta de cualidades”. Erasmo de Rotterdam esbozó “La mujer es, reconozcámoslo, un animal inepto y estúpido, aunque agradable y gracioso”. Pitágoras no se quedó atrás: “Hay un principio bueno, que ha creado el orden, la luz y el hombre, y un principio malo, que ha creado el caos, las tinieblas y la mujer”. Goethe: “Al envejecer, el hombre construye su rostro y la mujer lo destruye”. Oscar Wilde dejó de manifiesto su misoginia en la siguiente frase: “La única manera de comportarse con una mujer es haciendo el amor con ella si es hermosa y, si no lo es, haciéndolo con otra”.

Innumerable la cantidad de frases que en la historia han influido hasta nuestros días en la cosificación de las mujeres y en la normalización de la violencia que se ejerce.

Y así llegamos hasta nuestros días con frases que se dicen hasta en discursos iracundos cuando alguien quiere poner énfasis en sus palabras, no falta la frase que reza: “no llores como mujer, lo que no supiste defender como hombre”. Estoy segura que la han escuchado. La violencia no es normal. La paz, es tarea de todos y todas. Construyámosla pues, les invito. A propósito del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Y mientras esperamos para leernos la semana entrante, les invito a la reflexión, en esta ocasión verdaderamente concienzuda y obligada, de la frase de Marcela Lagarde: “El patriarcado es fuerte; fuerte y se renueva, se revitaliza, nos contesta con cada vez mayor precisión, cada vez sabe dónde pegar más fuerte…, si en un inicio el discurso feminista no lo entendían los detractores del feminismo…, poco a poco ya hasta se lo apropiaron, y resulta que… hay perspectiva de género en dictaduras africanas”.

Twitter: @mujerporlapaz

Igualdad para hombres en la viudez.

http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=4370

México en paz!

Ojo papás y mamás. La #Violencia se enseña en casa. Se aprende. Se mama. Enseñemos #Paz y respeto! #SisePuede

Tortura sexual

Tortura sexual

Por Elvira Luna.

Estudios científicos han demostrado que la violación sexual no es en sí un acto de erotismo sino un acto de dominación y control. Hace unas semanas compartí con ustedes algunas consideraciones sobre este grave delito cuando es cometido contra mujeres y las motivaciones que los hombres en algunos casos dan, sobre la comisión del delito. Sin embargo, a lo largo de la historia la violación sexual cometida mayoritariamente contra las mujeres ha sido también utilizada como una sanción social, cultural e incluso como una extensión del castigo o de la pena que le corresponde a la mujer que por alguna cuestión se coloca en calidad de imputada o en su caso, simplemente al ser detenida por su probable responsabilidad en la comisión de un delito.

La tortura sexual fue cuestionada por muchos años, incluso ahora, sin embargo varios casos cometidos en México, algunos de los cuales han llegado a la condena a través de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos emblemáticos para la justicia mexicana, dejan de manifiesto que la tortura sexual es una realidad. Sin embargo, ¿De qué se trata esto? Analicemos.

El caso de las mujeres de Atenco, el de Miriam Isaura López Vargas en Ensenada, Baja California y el de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú (Inés y Valentina), han expuesto incluso ante la comunidad internacional la forma en la cual las agresiones sexuales de varios tipos, la violación o la amenaza de sufrirla, han sido formas coactivas utilizadas por fuerzas del estado en contra de las mujeres.

En el informe entregado al gobernador Francisco (Kiko) Vega, el Grupo de Trabajo conformado por mandato ley, incluye la visibilización de esta práctica en Baja California al señalar textualmente lo siguiente: “A partir de la información proporcionada al grupo de trabajo por la PDHPCBC, llama la atención que algunos casos presentan un patrón común en las detenciones de mujeres que son acusadas por posesión de droga o armas. Se tuvo conocimiento de que durante las detenciones realizadas por personal de la Policía Municipal, la Policía Estatal o la Policía Ministerial, se han registrado agresiones en contra de las mujeres, a quienes no sólo insultan sino que, en ocasiones, se abusa sexualmente de ellas o se les viola, expresándoles que [eso se merecen el tipo de mujeres como ellas] o que [eso les gusta]”. Y así, de eso se trata la tortura sexual, así se materializa, con el poder del estado a través del poder masculino que trasgrede la integridad física y emocional de las mujeres porque finalmente dicen, “eso se merecen, eso les gusta”, y ellos están para castigar. ¿En qué universidad o en qué curso torcido les dijeron esto? ¿Cómo lo aprendieron tan bien?

La Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó apenas este viernes 25 de septiembre, la resolución tomada por mayoría de votos en sesión de Pleno, en la cual señala que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado que la violación sexual se subsume en un acto de tortura cuando el maltrato reúne los siguientes elementos:
(I) es intencional; (II) causa severos sufrimientos físicos o mentales; y (III) se comete con determinado fin o propósito”. 

 

Abunda además la Corte al expresar claramente en su sentencia que “por lo que hace a los severos sufrimientos ejecutados intencionalmente, la violación sexual constituye una experiencia sumamente traumática que tiene graves consecuencias y causa gran daño físico y psicológico que deja a la víctima "humillada física y emocionalmente", situación difícilmente superable por el paso del tiempo, a diferencia de lo que acontece en otras experiencias traumáticas. Por tanto, se colige que el sufrimiento severo de la víctima es inherente a la violación sexual, aun cuando no exista evidencia de lesiones o enfermedades físicas, pues es claro que las víctimas de tales actos también experimentan severos daños y secuelas tanto psicológicas, como sociales”.

Respecto al tercero de los requisitos aludidos por la Corte señala que “se desprende que la violación sexual, al igual que la tortura, tienen como objetivos, entre otros, intimidar, degradar, humillar, castigar o controlar a la persona que la sufre. En el entendido de que una violación sexual puede constituir tortura aun cuando consista en un solo hecho u ocurra fuera de instalaciones estatales, toda vez que los elementos objetivos y subjetivos que califican un acto de tortura no se refieren ni a la acumulación de hechos ni al lugar donde se realiza sino, como se ha precisado, a la intencionalidad, a la severidad del sufrimiento y a su finalidad”.

Es por eso que ante actos tan deplorables como los señalados al principio de esta columna, las autoridades de los tres ámbitos de gobierno deben implementar medidas y políticas que contrarresten la perpetuación de esta cultura generalizada de cosificar a las mujeres y usarlas como un objeto del que se puede usar, abusar y desechar. El tic tac del reloj suena y el término legal otorgado al gobernador de Baja California vence en diciembre, por lo que su equipo debe estar ocupado para que la violencia contra las mujeres y la tortura sexual se erradiquen y castiguen. Mientras nos leemos la semana entrante, ALCEMOS LA VOZ!

Misoginia estatal

Misoginia estatal

Por Elvira Luna Pineda*

Décadas han pasado, desde que el “Estado Mexicano”, asumió los compromisos legales de prevenir la violencia y discriminación contra las mujeres. Desde entonces y con resultados más tangibles en los últimos años, se han instalado cantidad de sistemas y mecanismos nacionales y estatales para implementar todas aquellas medidas administrativas, legislativas y judiciales dirigidas a prevenir cualquier acto de violencia y discriminación y a sancionar a quienes los consumen. Pues bien, nos guste o no, coincidamos o no, en nuestro país cualquier autoridad, municipal, estatal y federal emanada de cualquier partido político está obligada -en materia de igualdad y no discriminación-, a respetar y aplicar los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que señalan textualmente que “El varón y la mujer son iguales ante la ley” y que “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”. También están obligadas estas autoridades a respetar y aplicar la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”, además de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y por si esto fuera poco, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta narración legislativa que comparto nos confirma que los problemas, la corrupción, la impunidad, la violencia, la discriminación y en general toda la problemática que vivimos no se acaba por decreto, ya que leyes hay en demasía, más sin embargo estas no se aplican y en infinidad de ocasiones estas leyes ni siquiera son conocidas por los funcionarios. Y así con este breviario del “deber ser” llegamos a las declaraciones incongruentes y ofensivas que espetó el gobernador del Estado Francisco Vega de Lamadrid el pasado 9 de marzo en un evento llamado “Macro Jornadas” en la colonia Obrera de Tijuana, en donde al referirse a las mujeres expresó textualmente lo siguiente: “Porque ustedes son lo mejor que nos ha pasado, están re buenas todas para cuidar niños, para atender la casa, para cuando llega uno y a ver mi'hijito las pantunflitas; no, no, ustedes de veras que son el pilar de la familia y ustedes perfectamente lo saben, muchas felicidades”. Desafortunado es escuchar esto del gobernador, algunos refieren –en su indefendible defensa- que Kiko Vega es festivo, que tiene dificultades para expresarse, y que incluso esto ha derivado en que algunos digan que cuando habla dice “kikadas”. No sé si esto sea verdad. Lo que si es cierto es lo que vi en el video que circula por redes sociales y en el que textualmente se refiere a las mujeres en tono de burla. De alguna manera el gobernador Kiko Vega tiene que entender que sus “kikadas” tienen un límite y ese límite se llama “dignidad humana”, ese principio constitucionales que tanto pregonan en el discurso pero que en los hechos ha quedado demostrado es un motivo más de violencia social e institucional y discriminación contra las mujeres de Baja California.

Las expresiones misóginas y ofensivas del gobernador van más allá de lo que vimos. ¿Cómo esperar que en forma oficiosa la Procuraduría estatal active la alerta amber ante desapariciones de niñas y mujeres? Si el mismo jefe denosta a las mujeres, no podemos esperar que sus subalternos adviertan riesgos ante la desaparición de niñas que después aparecen muertas. ¿Cómo exigir que un sistema de salud respete los presupuestos asignados a la atención médica de mujeres con cáncer? Si es el mismo gobernador es quien no respeta la dignidad de las mujeres bajacalifornianas. ¿Cómo esperar que el feminicidio sea entendido como el delito que es? Si un gobernador en un evento público con motivo del día internacional de la mujer, se burla en su cara de las mujeres ante el beneplácito y aplauso de sus séquitos oficiales. No señor gobernador, que sirvan estás sencillas líneas para expresarle nuestro desacuerdo ante sus dichos. Que sirvan estas palabras para hacerle entender que en Baja California hay tolerancia cero hacia la violencia y discriminación contra las mujeres, aun de aquella que se origine y provenga de las instituciones, aun de la que irradien funcionarios y funcionarias sin capacidad ni sensibilidad. Las mujeres de Baja California estamos decididas a no tolerar más violencia ni discriminación, y si el gobierno sigue sin cumplir con su deber de implementar las medidas administrativas, judiciales y legislativas necesarias, de activar las alertas, de impulsar la utilización de protocolos legales y científicos, sin cumplir con su obligación legal en favor de los derechos humanos y de la justicia, nosotras las mujeres, las que si nos respetamos y quienes si queremos a esta tierra generosa llamada Baja California, lo haremos con usted, sin usted o a pesar de usted señor gobernador. Y así como lo hizo Ayn Rand, también me planteo las siguientes interrogantes, mismas que les comparto para la reflexión: ¿En qué se queda mi sabiduría si hasta los necios pueden mandarme? ¿En qué se queda mi libertad si todas las criaturas, incluso las más viles e impotentes son mis amos? ¿En qué se queda mi vida, si he de inclinarme, aceptar y obedecer?

La injusta muerte de Janeth

JANETH LIZBETH. UNA INJUSTA MUERTE. Verdad, justicia y reparación ante este crimen que arrebató la vida de Janeth Lizbeth, el cual por sí mismo debe sacudirnos como sociedad, pero ante el cual también debemos reaccionar por las omisiones graves y perversas en las que incurrió la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Su injusta muerte pudo ser evitada, prevenida, y la injusta espera de sus  padres pudo ser menor si el Estado perezoso e irresponsable hubiese actuado. La denuncia por desaparición de la niña de 12 años, no tuvo mayor reacción en la lenta procuraduría estatal, se trataba de una desaparición más, un expediente más de los que se abren cada día y como tantos, se guardan en un cajón ante la ineptitud gubernamental. Janeth Lizbeth desapareció a sus 12 años de edad y tal como lo declaró el subprocurador Ramírez Amador, no activaron la alerta amber tal como muchos lo exigimos incluyendo por supuesto a su familia, ya que no cumplía los requisitos para activarla. ¿Cuáles son estos  ilegales requisitos que cobran la vida de nuestra niñez bajacaliforniana? Primero: "que la autoridad tenga algún motivo para creer que se ha sustraído a un menor de 18 años de edad"; segundo: "que la autoridad crea que el niño sustraído se encuentre en peligro inminente de sufrir algún daño corporal serio o incluso la muerte" y, tercero: "que exista suficiente información descriptiva de la víctima y del sustractor o del vehículo para que la alerta amber sea eficaz. Así, aunque usted no lo crea. Es decir, la inepta autoridad que confirmó el cruel asesinato de Janeth Lizbeth, nunca activó la alerta amber porque no "creyó" que la niña estaba sustraída. Tampoco "creyó" la ineficiente procuraduría que la niña se encontraba en un peligro inminente de sufrir algún daño corporal serio o incluso la muerte y ahora se encuentra su cuerpo sin vida, vida que le fue arrebata por la perversidad criminal y por la omisión oficial, y esto también es un crimen que debe tener más culpables y responsables de quien directamente le quito la vida. La inútil y amodorrada procuraduría tampoco tuvo suficiente información descriptiva de la víctima, del sustractor o del vehículo. Es decir, necesitaban más información de toda la que les proporcionó la familia. Además como sucede en estos casos, la familia también debía tener información del delincuente para proporcionarla a la autoridad que tiene la obligación de investigar. Y aun cuando parezca un mal y desatinado chiste, la autoridad también requiere los datos del vehículo en el cual se hubiesen llevado a la niña. Es decir, en forma por demás irónica, el delincuente debe llevar carro y además debe tener la decencia de esperar que alguien tome la marca, modelo y hasta las placas del vehículo para proporcionárselo a la adormecida autoridad. ¿Pero en que manos estamos? Y todavía remató el subprocurador diciendo que son respetuosos de las sentencias que en la materia ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que obligan a México y a todos sus estados incluyendo a esta Baja California olvidada. No señor subprocurador Ramírez Amador y no señora Perla Ibarra Procuradora de injusticias. Si tuvieran los más mínimos conocimientos de la forma en la que deben hacer su trabajo, sabrían que ante una denuncia por desaparición tienen la obligación legal de implementar mecanismos y búsquedas de oficio y sin dilación alguna, esto como una medida tendiente a proteger la vida, la libertad personal y la integridad personal de la persona desaparecida. Si supieran realmente como hacer su trabajo, sabrían además que deben establecer un trabajo coordinado entre diferentes cuerpos de seguridad para dar con el paradero de la persona. Si saben en realidad hacer su trabajo debieron  eliminar cualquier obstáculo de hecho o de derecho que le reste efectividad a la búsqueda o que haga imposible su inicio o consecución. Debieron asignar los recursos humanos, económicos, logísticos, científicos o de cualquier índole  necesarios para garantizar el éxito de la búsqueda. Además debieron priorizar las búsquedas en áreas donde razonablemente sea más probable encontrar a la persona desaparecida sin descartar arbitrariamente otras posibilidades o áreas de búsqueda. Y si hubiesen sabido cumplir cabalmente con su función, sabrían que todo lo anterior debió ser aún más urgente y riguroso porque la desaparecida era un niña. Pero no fue así, esta perversa y torpe autoridad "no creyó" que había riesgo. Y por no creer primero y no actuar después Janeth Lizbeth fue encontrada sin vida. El domingo coincidí en un programa de televisión con la madre y el padre de Janeth Lizbeth, ahí ellos pedían ayuda para localizar a su hija desaparecida desde el sábado. En ese momento varias personas difundimos en redes sociales la foto de la niña solidarizándonos con su búsqueda. Fue así como Mexicali conoció del suceso, no porque la autoridad se hubiese movido a buscarla desde el sábado. ¿Y saben por qué no? Porque ya  lo dijo el subprocurador, "no creyó" que había riesgo. Janeth Lizbeth, eres tú y soy yo. Janeth Lizbeth vivía en Victoria Residencial, pero si no exigimos como sociedad ahora, Janeth Lizbeth puede vivir y morir en cualquier lugar de nuestras ciudades porque al frente de las investigaciones está una autoridad que "no cree" que nuestra niñez al ser privada de la libertad está en riesgo. Su vida ya no regresará. Sin embargo el recuerdo de su injusta muerte debe vivir en cada uno de nosotros para decidirnos de una vez por todas a exigir a este gobierno impune que revise sus procedimientos, que el gobernador llame a su procuradora y al subprocurador, los corra y ponga en esos lugares a quien si quiera trabajar y no se conforme con "no creer" que ante la desaparición de una niña no hay riesgo. La lección a la que debemos comprometernos con el recuerdo de Janeth Lizbeth es a no seguir permitiendo este abuso gubernamental que lacera y asesina a nuestra niñez. Que estos malos funcionarios sigan disfrutando de su pereza y falta de compromiso en cualquier parte, menos en esos lugares en los que se debe procurar esa justicia que parece cada vez más lejana. En memoria de Janeth Lizbeth. Por ella y por su vida, no queremos más niños y niñas muertas ante la impunidad gubernamental. "Donde hay poca justicia, es un peligro tener la razón" Francisco de Quevedo.

Presunción de inocencia vs. Fabricación de culpables…

Presunción de inocencia vs. Fabricación de culpables…

Por Elvira Luna Pineda

Ex Diputada integrante de la XVIII Legislatura Estatal

Para nadie es un secreto que de “iba pasando por ahí” te convierten en delincuente, sicario o narcotraficante. Alguien en alguna oficina gubernamental de repente requiere justificar el trabajo que no hace, y convierte a hombres y mujeres inocentes en delincuentes de alta peligrosidad. Mientras, los verdaderos criminales se pasean sin ningún rubor por cualquier lugar, con total impunidad y ante la complacencia oficial. Analicemos. Jacinta, Teresa y Alberta, fueron detenidas en el sexenio de Fox por “secuestrar” a 6 policías federales y condenadas a 21 años de prisión. Obtuvieron su libertad en 2010, al recurrir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tener ésta, que enmendar el trabajo de los Jueces de Distrito que no supieron, no pudieron y/o no quisieron detectar las irregularidades y violaciones procedimentales y a derechos humanos en las que incurrió el Ministerio Público Federal al sostener la acusación de estas 3 mujeres mexicanas, que de vendedoras de aguas frescas, nieves y paletas fueron convertidas por un rancio sistema de justicia en secuestradoras de 6 policías federales. Jacinta, ejemplo de coraje y dignidad no quedó conforme con su liberación, y demandó a la Procuraduría General de la República (PGR) por daño moral y material ante la infame y perversa acusación. ¿Porque infame? ¿Porque perversa? Porque nunca se presentaron pruebas sólidas en su contra, la hicieron firmar docenas de documentos sin la asistencia de un intérprete, ya que Jacinta hablante de su lengua madre el otomí, de acuerdo con estudios antropológicos realizados por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Querétaro, apenas hablaba un 20 por ciento de español, violándose diversas disposiciones legales en materia de derechos humanos establecidas en el derecho interno y en tratados internacionales suscritos y ratificados por México. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez se hizo cargo de la defensa de Jacinta, demostrando que esta mujer madre de 6 hijos y abuela de igual número de nietos, vendedora de nieves y hablante otomí, se le atribuyó una acusación y declaración fabricada escrita en español, que ella no puedo elaborar y menos aún comprender. Además la defensa atinadamente alegó y demostró que fue materialmente imposible que Jacinta conjuntamente con Teresa y Alberta pudieran privar de la libertad a 6 agentes policiales capacitados y entrenados para repeler agresiones, y que además se encontraban armados en el momento del “supuesto secuestro” imputado a las 3 mujeres. Hace apenas unos días, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa le dio la razón a Jacinta y ordenó a la PGR indemnizarla económicamente por su acusación y encarcelamiento ilegal. La reparación debe incluir el tiempo que Jacinta no pudo trabajar por estar en prisión y una cantidad adicional por daño moral ya que la privación de su libertad le causó lesión “en su honor, sentimiento, vida privada, decoro, reputación y aspecto físico”. Una disculpa pública también es parte de esta sentencia, en la cual la PGR “deberá reconocer públicamente la inocencia de Jacinta, por los delitos que fue indebidamente acusada, al menos en los mismos medios donde se difundió la acusación en su contra”. Este fallo, “constituye jurisprudencia obligatoria para todos los tribunales administrativos federales del país”, obligando a las autoridades a su profesionalización y especialización técnica para erradicar violaciones a derechos humanos como modus operandi del sistema que facilita la fabricación de culpables. Mientras tanto, en Baja California casos como estos quedan en el olvido ante la insensibilidad y opacidad gubernamental. La inmolación del señor José Guadalupe Macías en plena explanada del Centro Cívico en Mexicali, es muestra de que en Baja California la fabricación de culpables también es una ruta…

Violencia Obstétrica

Violencia y salas de parto.

Por Elvira Luna Pineda

La violencia contra las mujeres constituye una de las más graves violaciones de los derechos humanos. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia define a la violencia contra las mujeres como  “cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público”. Dese mi opinión, una de las innovaciones de esta importante ley ha sido además de conceptualizar los diferentes tipos de violencia, incluir los ámbitos en los cuales se genera, visibilizando el institucional y definiéndolo como aquellos “actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia”. Fácil ha sido encontrar una gran cantidad de casos de violencia institucional generada en el ámbito de la procuración de justicia, en donde agentes, policías y diversidad de funcionarios (mujeres y hombres) revictimizan y violentan a mujeres víctimas que denuncian algún hecho de agresión, y lo que obtienen como respuesta es la pereza, la omisión y la falta de voluntad para generar las acciones o medidas que faciliten el acceso a la justicia. Sin embargo, hay otros ámbitos institucionales generadores de violencia contra las mujeres que parecieran invisibles aun, estas son las salas de parto. Diversos estudios han revelado un viejo problema con nuevas evidencias, el maltrato a la mujer en los servicios de salud es una constante, en particular en las áreas de gineco-obstetricia. Un artículo publicado por la Comisión Nacional de Arbitraje Médico ha expuesto que “el abuso y la violencia que se ejerce en contra de las mujeres en salas de maternidad es un problema de salud pública y derechos humanos de larga historia que cada vez cobra mayor interés en varios países, motivando la intervención legal”. A su vez, una investigación realizada por el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), reveló que son incontables las prácticas habituales y formas de abuso en las que incurre el personal médico en las salas de parto, como ejemplo incluye los regaños, humillaciones, alusiones a su vida sexual, conminaciones y colocación del dispositivo intrauterino sin consentimiento. Este trabajo de investigación científica-social realizado por la UNAM muestra que los médicos ya sean hombres o mujeres, se dirigen a las pacientes en labor de parto con frases o bromas como: “aguántate”, “así te gusto”, “antes abriste las piernas” o “claro que lo haremos”, esta última expresión refiriéndose a la episiotomía -incisión quirúrgica que permite ampliar la zona-, utilizando expresiones además como: “a todas” o “de castigo”.

Risas, códigos de comunicación entre médicos y enfermeras que ridiculizan la postura o situación de la mujer en trabajo de parto, además de bromas que realiza el personal médico  en medio del parto y delante de las madres, diciendo si a uno u otro médico se le han muerto más niños al momento de nacer, son algunas de las agresiones y actos violentos hacia las mujeres que los investigadores identificaron en los diferentes testimonios, observaciones, entrevistas con grupos focales y recomendaciones que sobre el tema han emitido la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones estatales.

En el estudio realizado la UNAM señala que este grave problema además de ser ético, debe ser redefinido con un enfoque sociológico, puntualizando que en muchas ocasiones jurídicamente hablando los abusos si bien no trascienden en delitos o negligencias, si materializan un hábito médico autoritario que colocan al personal de salud en la línea invisible de violaciones a derechos humanos. Políticas públicas en la materia, además de asignaturas ad hoc en las facultades de Medicina, podrían ser la pauta que permita  desnaturalizar estos usos y prácticas institucionalizadas. ¿Qué se está haciendo ahora para eliminar la violencia que parece no tener fin? Con la frase de Soledad Gallego-Díaz, nos leemos la semana entrante: “Para combatir el antisemitismo no hace falta ser judío, como para luchar contra el racismo no hace falta ser negro. Lamentablemente, a veces parece que para combatir la discriminación de la mujer hace falta ser mujer”.

Violencia contra la niñez

Violencia contra niñas y niños,
una realidad que los gobiernos evaden y la sociedad tolera.

El 20 de noviembre de 1989, la humanidad dio el paso más grande que en la historia se tuviera memoria en materia de derechos humanos de la niñez, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. Este es el tratado de derechos humanos más universalmente aceptado y ha sido ratificado por todos los países con excepción de Estados Unidos. México lo firmó y ratifico, lo que implica –de acuerdo con el sistema constitucional- vinculación y obligatoriedad en su aplicación. Sin embargo, a 24 años de la Convención, ¿Qué sucede en México con los derechos de la niñez? ¿Y Baja California, ha implementado las políticas públicas adecuadas y efectivas para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra niñas y niños? Revisemos datos. El Fondo de las Naciones Unidas para la Protección de la Infancia (UNICEF), ha señalado que el ambiente de violencia en México tiene un impacto fuerte en niños y niñas, y queda reflejado en tasas de homicidios muy elevados también con respecto a ellos. Este escenario, -refiere el Informe Nacional sobre Violencia y Salud-, “no podría explicarse sin que existiera un alto nivel de tolerancia para la violencia que se ejerce en contra de niñas y niños en nuestro país. La imposición de castigos físicos o el maltrato verbal, por ejemplo siguen siendo prácticas cotidianas que gozan de niveles altos de aceptación. Por detrás de los casos más extremos que ocasionan la muerte, siempre existen muchos más que, aunque resulten menos visibles y menos dramáticos, implican dosis cotidianas de dolor que causan severos daños y disminuyen de manera drástica las posibilidades de una vida sana y plena”. Este informe señala además que a causa de la violencia en México, 2 niños con menos de 14 años mueren cada día. Además, entre un 55 y un 62% de niños y niñas dicen haber sufrido alguna forma de maltrato (físico, emocional o sexual) en algún momento de su vida.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos visibilizó que en nuestro país el 60 por ciento de niñas y niños de entre uno y 14 años son víctimas de diversas acciones de violencia que lesionan su integridad. Padres, madres y personas del entorno familiar, en la mayoría de los casos, son quienes vulneran la integridad física y emocional de la niñez.

El índice de los Derechos de la Niñez y Adolescencia Mexicana de UNICEF muestra datos preocupantes de muertes violentas, especialmente de adolescentes varones. Según datos de la Secretaría de Salud utilizadas para el índice en 2004 cada semana 12 adolescentes fueron asesinados y otros 10 se suicidaron. Datos recientes sobre violencia arrojaban sobre la mesa datos tan alarmantes como que siete de cada diez jóvenes sufre violencia en su relación de noviazgo (un 76% de violencia psicológica, 16.5% de violencia sexual y 15% de violencia física). En cuanto a la violencia en la familia, sólo el 34%de los mayores de 15 años no atestiguaron violencia física entre sus padres. El 66% restante ha vivido al menos una de las formas de violencia.

De acuerdo con estudios realizados por UNICEF, hay una gran correlación entre la violencia contra niños y niñas y la violencia entre adultos. Entre los países de la OCDE que fueron analizados para dichos estudios, México junto con Estados Unidos de América y Portugal tenía el número más alto de niños y niñas muertos por maltrato. Estos tres países también tenían tasas excepcionalmente altas de muertes por violencia entre adultos. De acuerdo con el Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre Violencia contra los Niños, si buscamos causas de la violencia en México como en otros países, nos encontraremos con que la percepción social es, en muchos casos, que los niños y las niñas son propiedad de los adultos, es por eso que entender y extender la noción de que la niñez es sujeta de derechos se convierte en todo un desafío.

Existe en México –refiere el estudio- una brecha entre el discurso de la protección de los derechos de la infancia y algunas prácticas violatorias de los derechos humanos y de la dignidad de niños, niñas y adolescentes. La ausencia de un sistema veraz y fiable de información sobre las formas en que se ejerce la violencia contra la infancia y las consecuencias de ésta, dificulta la tarea de hacerla visible, desnaturalizarla y contar con respuestas adecuadas de política pública para su prevención, sanción y erradicación. En palabras de Paulo Sérgio Pinheiro, “Ninguna violencia contra los niños está justificada y toda violencia puede ser prevenida…”

JUSTICIA DENEGADA para las Mujeres

JUSTICIA DENEGADA para las Mujeres.

¿Omisión o ineptitud?

Las víctimas eran Claudia Ivette, Laura Berenice y Esmeralda, la dos últimas menores de edad. Una sentencia fue comunicada a México, el clamor de justicia de tres familias por fin fue escuchado, no por las instituciones mexicanas -quienes discriminaron, revictimizaron y negaron el acceso a la justicia-, sino por  la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Tribunal que condenó a México por violación de derechos humanos.

Después de su desaparición y ulterior muerte, las familias y las madres de las víctimas, denunciaron su desaparición y solicitaron la búsqueda y localización de sus hijas, algunas de las respuestas de funcionarios estatales -además de esperar las cuestionadas 72 horas- fueron las siguientes: “son sólo muchachas corrientes y por lo tanto no eran consideradas una gran pérdida”; “seguro se había ido con el novio, porque las muchachas eran muy voladas y se les aventaban a los hombres”; “a lo mejor se fue con el novio, que a lo mejor al rato regresaba”; “no está desaparecida, anda con el novio o anda con los amigos de vaga”; “que si le pasaba eso era porque ella se lo buscaba, porque una niña buena, una mujer buena, está en su casa”. Visible fue que las respuestas vertidas por funcionarios estuvieron  influenciadas por un contexto de discriminación basada en el género. El Relator Especial sobre la independencia judicial de la ONU, señaló: “al principio es indudable que estos hechos no conmovieron mucho a los agentes de la policía y a los procuradores, quienes llegaron incluso a reprochar a las mujeres su presunta falta de moralidad”.

La sentencia conocida como “Campo Algodonero” además de cimbrar a México lo exhibió por la impunidad de estos crímenes. Distintas pruebas allegadas al Tribunal Interamericano, señalaron, que funcionarios del estado de Chihuahua y del Municipio de Juárez minimizaban el problema y llegaron a culpar a las propias víctimas de su suerte, por su forma de vestir, por el lugar en que trabajaban, por su conducta, por andar solas o por falta de cuidado de los padres.

La sentencia además advirtió que la impunidad de los delitos cometidos envía el mensaje de que la  violencia contra la mujer es tolerada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad en las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en el sistema de administración de justicia”. Al respecto, el Tribunal Interamericano resalta lo precisado por la Comisión Interamericana en su informe temático sobre “Acceso a la Justicia para Mujeres Víctimas de Violencia” en el sentido de que la influencia de patrones socioculturales discriminatorios puede dar como resultado una descalificación de la credibilidad de la víctima durante el proceso penal en casos de violencia y una asunción tácita de responsabilidad de ella por los hechos, ya sea por su forma de vestir, por su ocupación laboral, conducta sexual, relación o parentesco con el agresor, lo cual se traduce en inacción por parte de los fiscales, policías y jueces ante denuncias de hechos violentos. Esta influencia también puede afectar en forma negativa la investigación de los casos y la valoración de la prueba subsiguiente, que puede verse marcada por nociones estereotipadas sobre cuál debe ser el comportamiento de las mujeres en sus relaciones interpersonales.

Estos crímenes sucedieron en Ciudad Juárez, y la omisión primero del gobierno de Chihuahua seguido del Federal permitió que el caso llegará hasta un Tribunal Internacional condenando a todo el país a establecer  y unificar criterios y estándares de investigación policial, pericial y ministerial, a obligar a la capacitación de servidores públicos en materia de género y derechos humanos, a adoptar protocolos de búsqueda y localización de mujeres y niñas tales como el  Protocolo Alba o Alerta Amber. Los crímenes se siguen perpetrando, las asignaturas pendientes en materia de procuración e impartición de Justicia siguen siendo voluminosas, la violencia institucional que padecen las víctimas sigue siendo una realidad. La pregunta persiste: Estos funcionarios que discriminan, estereotipan y revictimizan a las mujeres negándoles su derecho de acceso a la justicia sólo existen o existieron en Ciudad Juárez? ¿Qué se puede decir respecto a Baja California?  La siguiente reflexión de Martin Luther King nos esperará hasta la semana entrante, "Tengo un sueño, un sólo sueño, seguir soñando. Soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad y ojalá ya no tuviera necesidad de soñarlas". 

Feminicidio

¿Que pasa con el Feminicidio?

Por Elvira Luna Pineda

Hoy por hoy diversidad de dudas y debates surgen sobre este grave problema, ya sea en el ámbito de la legislación o en el de las políticas públicas que se han adoptado con particular énfasis en torno a las mujeres y el respeto a sus derechos humanos. En el marco del derecho internacional, de acuerdo con la Consultoría para la Oficina en México del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en México, es bien sabido que la violencia contra las mujeres representa una violación a los derechos humanos y constituye uno de los principales obstáculos para lograr una sociedad igualitaria y plenamente democrática. Ningún estado puede ni debe presumir de avance, desarrollo y altos estándares democráticos si se siguen cometiendo delitos contra las mujeres por el hecho de ser mujeres.

Desde 1993 México ha sido foco de atención ante la comunidad internacional por las cifras -calificadas como alarmantes- de desapariciones de mujeres y su correlación con homicidios violentos de mujeres en el norte del país.

Hace algunos años ya que el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer emitió en México una serie de observaciones finales resultantes de su visita a nuestro país, entre las cuales instó al Estado Mexicano a acelerar “la aprobación de la reforma del Código Penal Federal para tipificar el feminicidio como delito”. En relación con esta observación, en diciembre del 2007 se incluyó dentro del Diagnóstico de la Situación de los Derechos Humanos en México, en la Actualización del Capítulo 5 sobre los derechos humanos de las mujeres, la recomendación de “estudiar a profundidad la conveniencia de tipificar el feminicidio”. El concepto y el potencial alcance de la figura de feminicidio es complejo, ya que engloba una serie de fenómenos que van desde la violencia sistémica y la impunidad, hasta el “homicidio de mujeres por el simple hecho de serlo” así lo ha expresado la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución A/61/122/Add.1.

El estudio y análisis de la comisión del delito de feminicidio implica abordar la discriminación contra las mujeres y la violencia de género, considerar situaciones que expresan y reproducen relaciones asimétricas de poder, que desarrollan mecanismos para perpetuar la subordinación y la exclusión de las mujeres de la vida política, civil, económica, social y cultural, así como del ejercicio pleno de sus derechos. Se trata –según coinciden investigadores y derecho-humanistas- de un acto culminante de una serie de vejaciones cruentas, que ya han vulnerado previamente diversos derechos de la víctima e infringido una serie de agresiones constituyentes de delitos. Es el motivo por el cual se califica al feminicidio como la expresión extrema del poder masculino sobre la mujer, legitimado por una percepción social desvalorizadora, hostil y degradante de las mujeres.

Especialistas en derechos de las mujeres, Derechos Humanos y Derecho Penal han aportado elementos o ciertas circunstancias que deben ser consideradas en la formulación de los tipos penales de feminicidio, mismos que han sido tomados en cuenta por países como México para incluir este delito en el Código Penal Federal, y que han sido omitidos por la XX Legislatura estatal de Baja California al incluir este delito en el artículo 129 del Código estatal.

En el tema de política pública, sigue siendo sin duda un tema pendiente, el fortalecimiento de capacidades institucionales y el favorecer la existencia de personal especializado en estos crímenes y, no menos importante, el promover e institucionalizar políticas públicas que promuevan el respeto a los derechos humanos de las mujeres, eliminado estereotipos y roles discriminatorios que les denigran y cosifican. En esta ocasión les invito a reflexionar con una de las frases célebres ya, por la niña Malala Yousafzai, quien a sus 17 años ha sido distinguida con el Premio Nobel de la Paz, esta frase reza: "Teníamos dos opciones, estar calladas y morir o hablar y morir, y decidimos hablar". Nos leemos la semana entrante.

Cuarto de Paz!

Cuarto de Paz

Por Elvira Luna Pineda

Las elecciones están ya aquí, por lo que tanto partidos como candidatos alistan a sus equipos e instalan las estructuras de sus “cuartos de guerra”. ¿A que se le denomina de esta forma? ¿Por qué “cuartos de guerra” en los procesos electorales? Analicemos. Los cuartos de guerra se forman con grupos de profesionales, operadores políticos y comunicólogos que a través de sesiones y acuerdos estratégicos buscan plantear las mejores acciones y resultados de marketing político que les brinde la mejor rentabilidad electoral para llevar al triunfo a sus candidatos o partidos. Cada persona que logre una postulación a un puesto de elección popular y que quiera evitar crisis y riesgos de campaña –se dice-, debe tener en la mira el contar con su “cuarto de guerra”. De acuerdo con especialistas en el tema el “cuarto de guerra” tiene como función el desarrollo de tácticas con objetivos duales que transitan en forma alterna. Algunos especialistas señalan que, estos cuartos de guerra o “war room” por un lado “tienen objetivos positivos, creando tácticas efectivas que permitan transmitir de la mejor manera los mensajes del candidato o del gobierno; y por otro lado, el negativo, consistente en las tácticas de campañas de contraste en contra de los contrincantes, además de la defensa de los ataques de los opositores y enfrentar las situaciones de crisis”. Vale la pena cuestionarnos ¿Por qué “cuarto de guerra”? En estos tiempos, en donde la violencia por infortunio está presente en todos los ámbitos sociales; en la familia esa violencia que llega hasta el feminicidio y el asesinato de niños y niñas; en la escuela el bullying que marca la vida de docenas de cientos de estudiantes sin que a la fecha exista una política integral de prevención ante esta incidencia cada vez más cruel y real. En las calles esa violencia que mata, que amenaza, que distorsiona la tranquilidad social. En la comunidad, trabajo, fábrica e instituciones, esa violencia que margina, que excluye, que limita. Y es cuando el cuestionamiento sigue para la clase política: ¿Por qué cuartos de guerra? ¿Por qué volcar ante una sociedad en estado de indefensión esas tácticas de guerra? ¿Por qué implantar en las elecciones y el gobierno la cultura del adversario al que se debe aniquilar? Es por eso que rompiendo paradigmas y estereotipos se plantean los “cuartos de paz”. Como sociedad –y la clase política es parte de esta sociedad- se debe alzar la mira, ya es demasiada guerra, demasiada lucha sin cuartel, demasiada violencia. ¿O que acaso los partidos y sus candidatos sólo se saben mover en el caos, en la oscuridad y en la violencia? El instaurar y promover los “cuartos de paz” podría traer consigo la innovación de nuevas formas de interlocución política, de dialogo, de construcción social, de crecer ante el enriquecimiento de la diferencia de ideas en lugar de que “si no piensas como yo entonces eres contrario”. La situación del país advierte que este año electoral será sui generis, esperemos que esa singularidad no nos lleve al surrealismo. Se insinúa un proceso electoral de venganza, de revanchas, de legitimar los medios –por más infames o ilegítimos que sean- con tal de lograr los fines, el fin de ganar, avasallar, implantar mayorías en los congresos y asegurar cotos de poder. Si cambiamos la estrategia y nos atrevemos a desarrollar entornos de paz, esta realidad que a nadie en su sano juicio le agrada, podrá transitar a nuevos entornos de paz. Se requiere voluntad política, se requieren ganas de que esta violencia que como sociedad rechazamos, se prevenga desde la raíz; no con balas, más patrullas o policías; no con mayores estructuras burocráticas que solo abrevan mayores presupuestos comiéndose los impuestos ciudadanos con hambre desmedida, sino con voluntad de romper paradigmas. “Cuartos de paz”, anímense candidatos, atrévanse candidatas. Partidos políticos  y gobiernos esta es la propuesta, les toca a ustedes seguir haciendo la guerra o visualizar y hacer tangible la paz. Para la reflexión la frase de Teresa, la de Calcuta: “A veces sentimos que lo que hacemos es sólo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara esa gota”. Nos leemos la semana entrante.

Matrimonio Igualitario. #MisDerechosNoSonLocura

Locura

Por Elvira Luna Pineda

Con eso de las alianzas promiscuas, parece que el alcalde de Mexicali es un remedo local del ex candidato presidencial que dijo “al diablo con las instituciones” y el cual fue considerado “un peligro para México”. ¿Por qué hago esta referencia? Porque sin decirlo, en los hechos el actual alcalde mexicalense, está mandando al diablo a la Constitución, a las leyes y a las instituciones. No lo ha dicho ciertamente, pero está actuando tal cual, al diablo todo porque en el gobierno municipal impera lo que él o no se quien diga y ordene, y no así las sentencias emanadas del máximo tribunal del país, es decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como ustedes saben una pareja de jóvenes hombres de Mexicali por cuarta ocasión les es negado su derecho a contraer matrimonio. Tanto ha sido la negación de sus derechos que han acudido a la Corte y con sentencia a su favor en mano, el gobierno municipal ha inventado uno tras otro pretexto para no realizar el acto civil. El colmo ha sido el fin de semana pasado, donde según refieren los medios de comunicación, el gobierno municipal ha iniciado un juicio denunciando “locura” como impedimento para contraer matrimonio. ¿Qué pasará con esta acción dilatoria de justicia y atentatoria de derechos emprendida por el gobierno municipal? Al ser un juicio, lógico será largo, se prorrogará en el tiempo y tendrá que dictaminarse por perito el impedimento de “locura” que se denuncia y mientras tanto como lo señala la ley, aun cuando quien denuncia se desista, el matrimonio civil no podrá celebrarse mientras no recaiga sentencia judicial que declare la inexistencia del impedimento o se obtenga su dispensa. Sin embargo, si la denuncia presentada por el gobierno municipal es falsa, deberá sujetarse a las penas establecidas para el falso testimonio en materia civil y, en caso de que el Juez declare en sentencia que no hay impedimento, el gobierno municipal será condenado al pago de costas, daños y perjuicios, es decir, de nuestros impuestos el gobierno desviará recursos públicos para pagar un litigio y no acatar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y seguir negando el ejercicio de sus derechos a dos jóvenes mexicalenses. Y por si esto no fuese suficiente, de conformidad con la nueva ley de amparo, los funcionarios del gobierno municipal que se niegan a cumplir con la sentencia de la Corte pueden ser separados de sus cargos, incluyendo a su superior jerárquico, calidad que puede recaer en el mismo alcalde. Y a propósito, si el alcalde quisiera cumplir con la Constitución, la ley y las instituciones como lo gritó en su toma de protesta, el mismo casaría a esta pareja,  así como los alcaldes casan a ricos potentados y comparecen hasta en domicilios particulares de fraccionamientos residenciales para ejercer las facultades de oficial de registro civil. Así las cosas. Y volviendo al tema de la “locura” yo me pregunto: ¿LOCURA? Así hubiesen dictaminado a tantas personas que se casan y violentan e incluso asesinan a sus parejas. ¿LOCURA? Con ese calificativo y con esa celeridad hubiesen denunciado a decenas de cientos de personas que tienen a sus hijos e hijas y los maltratan, los venden, los tratan a través de la prostitución, o los asesinan porque les estorban para iniciar su nueva vida. ¿LOCURA? Tal vez no con este calificativo, pero si con otro debieran de calificar a tantos y tantos funcionarios que aun casados con otras mujeres, tienen a sus novias cerquita, ahí juntito pegaditos en la nómina oficial. ¿LOCURA? O cual es el calificativo de tantos y tantos funcionarios de primeros niveles que se hacen los locos para no mantener a sus hijos e hijas menores de edad y obligan a sus ex esposas a deambular de oficina en oficina con sentencia en mano sin que nadie las reciba para que les apliquen el descuento vía nómina. Todo esto no es locura, ni impedimento, y menos peligro para ellos, para la sociedad o sus familias, porque son religiosos empedernidos que hasta pueden cantar en los coros de la iglesia los domingos. Alguien decidió que ellos si son buen ejemplo, ellos sí, no importa que caminen de la mano con quien quieran, lo importante es que son machos, muy machos y ellos si son buen ejemplo y buenos cristianos. Esto si es locura. Y para la reflexión: #MisDerechosNoSonLocura. Nos leemos la  semana entrante.