Misoginia estatal
Por Elvira Luna Pineda*
Décadas han pasado, desde que el “Estado Mexicano”, asumió
los compromisos legales de prevenir la violencia y discriminación contra las
mujeres. Desde entonces y con resultados más tangibles en los últimos años, se
han instalado cantidad de sistemas y mecanismos nacionales y estatales para
implementar todas aquellas medidas administrativas, legislativas y judiciales
dirigidas a prevenir cualquier acto de violencia y discriminación y a sancionar
a quienes los consumen. Pues bien, nos guste o no, coincidamos o no, en nuestro
país cualquier autoridad, municipal, estatal y federal emanada de cualquier
partido político está obligada -en
materia de igualdad y no discriminación-, a respetar y aplicar los artículos
1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que señalan
textualmente que “El varón y la mujer son
iguales ante la ley” y que “Queda
prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.
También están obligadas estas autoridades a respetar y aplicar la Convención
Americana de los Derechos Humanos, la Convención sobre la eliminación de todas
las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de
Belém do Pará”, además de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, y por si esto fuera poco, la Ley General de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia. Esta narración legislativa que comparto nos
confirma que los problemas, la corrupción, la impunidad, la violencia, la discriminación
y en general toda la problemática que vivimos no se acaba por decreto, ya que
leyes hay en demasía, más sin embargo estas no se aplican y en infinidad de
ocasiones estas leyes ni siquiera son conocidas por los funcionarios. Y así con
este breviario del “deber ser”
llegamos a las declaraciones incongruentes y ofensivas que espetó el gobernador
del Estado Francisco Vega de Lamadrid el pasado 9 de marzo en un evento llamado
“Macro Jornadas” en la colonia Obrera de Tijuana, en donde al referirse a las
mujeres expresó textualmente lo siguiente: “Porque
ustedes son lo mejor que nos ha pasado, están re buenas todas para cuidar
niños, para atender la casa, para cuando llega uno y a ver mi'hijito las
pantunflitas; no, no, ustedes de veras que son el pilar de la familia y ustedes
perfectamente lo saben, muchas felicidades”. Desafortunado es escuchar esto
del gobernador, algunos refieren –en su indefendible defensa- que Kiko Vega es
festivo, que tiene dificultades para expresarse, y que incluso esto ha derivado
en que algunos digan que cuando habla dice “kikadas”.
No sé si esto sea verdad. Lo que si es cierto es lo que vi en el video que
circula por redes sociales y en el que textualmente se refiere a las mujeres en
tono de burla. De alguna manera el gobernador Kiko Vega tiene que entender que
sus “kikadas” tienen un límite y ese
límite se llama “dignidad humana”, ese principio constitucionales que tanto pregonan
en el discurso pero que en los hechos ha quedado demostrado es un motivo más de
violencia social e institucional y discriminación contra las mujeres de Baja
California.
Las expresiones misóginas y ofensivas del gobernador van más
allá de lo que vimos. ¿Cómo esperar que en forma oficiosa la Procuraduría
estatal active la alerta amber ante
desapariciones de niñas y mujeres? Si el mismo jefe denosta a las mujeres, no
podemos esperar que sus subalternos adviertan riesgos ante la desaparición de
niñas que después aparecen muertas. ¿Cómo exigir que un sistema de salud
respete los presupuestos asignados a la atención médica de mujeres con cáncer?
Si es el mismo gobernador es quien no respeta la dignidad de las mujeres
bajacalifornianas. ¿Cómo esperar que el feminicidio sea entendido como el
delito que es? Si un gobernador en un evento público con motivo del día
internacional de la mujer, se burla en su cara de las mujeres ante el
beneplácito y aplauso de sus séquitos oficiales. No señor gobernador, que sirvan
estás sencillas líneas para expresarle nuestro desacuerdo ante sus dichos. Que
sirvan estas palabras para hacerle entender que en Baja California hay tolerancia cero hacia la violencia y
discriminación contra las mujeres, aun de aquella que se origine y provenga de
las instituciones, aun de la que irradien funcionarios y funcionarias sin
capacidad ni sensibilidad. Las mujeres de Baja California estamos decididas a no
tolerar más violencia ni discriminación, y si el gobierno sigue sin cumplir con
su deber de implementar las medidas administrativas, judiciales y legislativas
necesarias, de activar las alertas, de impulsar la utilización de protocolos
legales y científicos, sin cumplir con su obligación legal en favor de los derechos
humanos y de la justicia, nosotras las mujeres, las que si nos respetamos y
quienes si queremos a esta tierra generosa llamada Baja California, lo haremos
con usted, sin usted o a pesar de usted señor gobernador. Y así como lo hizo Ayn Rand, también me planteo las
siguientes interrogantes, mismas que les comparto para la reflexión: ¿En qué se
queda mi sabiduría si hasta los necios pueden mandarme? ¿En qué se queda mi
libertad si todas las criaturas, incluso las más viles e impotentes son mis
amos? ¿En qué se queda mi vida, si he de inclinarme, aceptar y obedecer?
