Violación
de derechos humanos en el NSJP
Por Elvira Luna
Pineda
Ex Diputada
integrante de la XVIII Legislatura Estatal
y Vicepresidenta
Nacional de la Academia de Género de la CONCAAM
La violencia
familiar es en primer lugar un delito, establecido en el artículo 242 bis del
Código Penal del estado, que señala que a quien lo cometa se le sancionará con
pena de prisión desde los seis meses hasta los cuatro años. Pero el problema va
más allá de una normatividad penal que en la práctica es casi letra muerta. La
violencia familiar es una problemática real y callada que se genera como un
acto abusivo de poder, control y dominación. ¿Quien ejerce o genera este tipo
de violencia y hacia quien la dirige? Aun cuando se ha asociado al hombre como
generador de violencia en el seno familiar, la realidad tiene un factor
determinante, el poder del más fuerte sobre quien es más débil o vulnerable, de
ahí que efectivamente sean las mujeres quienes mayormente son víctimas de
violencia, -incluso extrema hasta la muerte- por parte de sus parejas o
exparejas, como esposos, concubinos, novios, o personas con las que se tuvo o
tiene alguna relación sentimental. Sin embargo estudios serios visibilizan a la
madre o abuela como generadoras de violencia contra niños y niñas (hijos,
hijas, nietos, nietas). Los adultos mayores y las personas con discapacidad son
otro grupo poblacional que también resiente la victimización directa o indirecta
de la violencia en el entorno de familia.
Esta grave
problemática social ha estado envuelta en una serie de confusiones,
resistencias, incapacidades y negligencias gubernamentales, además de ciertos
tabúes. Se cree que las familias en las que se origina son aquellas en
situación de pobreza o que viven en zonas marginadas o rurales inclusive. La
realidad, -callada- nos alerta contra este cáncer social, la violencia familiar
se da en el seno de cualquier familia, con diferentes matices y
particularidades. Las familias consideradas de clase media o media alta, la
padecen y en gran número, sin embargo, sus miembros son quienes menos recurren
a pedir apoyo profesional o institucional debido al “bullying social” al que
consideran pueden ser expuestos. Se piensa además que sólo aquellas mujeres
dependientes económicamente de su pareja o que no tienen estudios la sufren. Estos
estereotipos se rompen ya que cada día con mayor incidencia se conocen casos de
víctimas de mujeres con perfil profesional, ejecutivas, autónomas
económicamente, incluso jefas de familia que sufren la violencia, amenazas,
acoso y hostigamiento. ¿Qué pasa con las políticas públicas de prevención,
atención y sanción de la violencia familiar?
Incontables son los
factores que limitan las medidas que al respecto se han implementado. Incluyen
la falta de conocimientos o comprensión de funcionarios sobre la violencia y
sus causas fundamentales, la escasez de datos y estadísticas que cuantifiquen
más allá de la punta del iceberg, las
investigaciones para fincar responsabilidades y las medidas de
protección en favor de las víctimas son escasas y con deficientes resultados,
justificando en la mayoría de las ocasiones su falta de actuación en el
inminente “perdón de la víctima”. Programas sin presupuestos o recursos
insuficientes, planes hechos en las rodillas, instancias creadas ad hoc por los caprichos o ineptitud de
los titulares en turno; iniciativas que a menudo son reactivas, se focalizan en
los síntomas y las consecuencias, no en las causas. Estrategias gubernamentales
-si las hay-, tienden a estar fragmentadas desperdiciando esfuerzos y
parcializando objetivos. Respecto los compromisos internacionales su
cumplimiento es casi nulo, aun cuando el estado pueda difundir lo que ha hecho
o los avances en sus medidas implementadas, los testimonios de las víctimas reflejan
lo contrario, sólo por mencionar un ejemplo, el gran error del sistema de
justicia de Baja California, al someter casos de violencia familiar, violencia
contra mujeres y casos similares a la justicia alternativa dentro del Nuevo
Sistema de Justicia Penal. Error, omisión y contradicción legal que con
procedimientos del estado, violentan no sólo las leyes nacionales, sino los
derechos humanos de las víctimas. Para reflexión: “Si la justicia existe, tiene
que ser para todos; nadie puede quedar excluido, de lo contrario ya no sería
justicia” P. Auster.
Twitter @mujerporlapaz
