Necesitamos un “gobierno corrupto”.

Por Elvira Luna.

Estoy segura que al leer el título de esta columna la respuesta lógica y natural es: que ya tenemos muchos y de todos los orígenes partidistas. Les platicaré un poco de que se trata. A finales de los años ochenta en Baja California vivimos la fiebre de la “Ruffomanía”, muy parecido a lo que ahora se vive en Nuevo León con el fenómeno del “Bronco”. Como mujer joven, casi adolescente en aquellos tiempos, una natural rebelión me invadía –como a muchos- por acabar con los gobiernos corruptos que hasta aquella época sólo emanaban del PRI, ya que no había gobernado partido distinto a ellos.

Con toda mi fuerza e ímpetu juvenil me acerqué al PAN, en aquel entonces –creo que a la gran mayoría- sólo nos motivaba el sumarnos a una causa ciudadana, democrática, libre y espontánea para lograr el tan anunciado y prometido “cambio”. El PAN llegó pero al “cambio” le cerraron la puerta.

El PAN me convenció, creí en esa gran causa que con un “proyecto de nación” cambiaría el rumbo de este país atascado en la corrupción, los excesos del poder y la impunidad. Le creí al PAN. No fui la única. Gran cantidad de mujeres y hombres en México creímos que el PAN, al ser históricamente la segunda fuerza política, podría llegar a gobernar y hacer realidad los principios que en la doctrina prédica y en la realidad olvida.

A inicios de los años noventa, cuando se decían aquellos discursos estrujantes que convencían a multitudes, era realmente motivante participar, ya que verdaderamente creíamos que estábamos abonando a la construcción de una nueva y mejor etapa del país.

Cuando redactábamos los discursos que se dirían en alguna asamblea, convención o en algún evento masivo, cuidábamos cada detalle, cada palabra para encender los ánimos y desatar el furor de los asistentes. Al terminar los ensayábamos, leíamos y cuando considerábamos que hacía falta una frase para encender más aun el ambiente y el frenesí del evento, invariablemente alguien decía: “ahí hace falta un gobierno corrupto”, esto con la finalidad de incluir en el texto del discurso estas palabras, ya que al mencionar “el gobierno corrupto” era invariablemente procedente del PRI y la reacción que ocasionaba era un “bravo” apabullante porque lo que queríamos era que estuvieran fuera del poder.

Las cosas han cambiado, ahora como ciudadanía sabemos que “el gobierno corrupto” no se limita a colores, ni partidos y mucho menos a ideologías. Como ciudadanía casi en estado de indefensión hemos constatado que la democracia y la alternancia en el poder solo nos han traído un relevo en el mando, aparejada de la voracidad de una oposición complaciente mientras le lleguen al precio.

Es lastimoso que ahora el PAN, ese partido que –en teoría- coloca en el centro de sus principios de doctrina a “la dignidad de la persona humana”  nos quiera convencer de que es mejor al gobernar aplicando el “muertometro”. Es decir, “placea” a su expresidente y a su esposa, y nos bombardean de mensajes en redes sociales sobre las bondades de su gobierno; y con indignante numerología destacan que en su gobierno “sólo” hubo 121 mil 683 personas asesinadas en forma violenta”. Claro, además de desaparecidos, secuestrados, familias desplazadas por la violencia, entre muchas desgracias y desvergüenzas más. El ex presidente Calderón denunciado por “delitos de lesa humanidad” ante la Corte Penal Internacional en La Haya, sale a la calle y con singular desmemoria nos emplaza a volver al PAN, ¿porque no habríamos de volver? si en su sexenio sólo dejó de acuerdo con cifras oficiales del INEGI 121 mil 683 muertes violentas, lo que significa más de 56 personas asesinadas al día y más de dos por hora. ¿Dónde quedó el valor de la persona humana? Si bien es cierto ningún partido hoy en día es garantía de buen gobierno, honestidad y control del poder en beneficio de la ciudadanía, comprobado está y con creces que el PAN tampoco. Entre esos 121 mil muertos también hay niños y niñas, también hay madres, también hay personas enfermas, padres de familia y personas inocentes que se cruzaron con la perversidad; pero ahora tal parece que el poder los cegó y que la avaricia por seguir detentándolo les hace creer que la sociedad ya olvidó.

Definitivamente los gobernantes presentes y pasados le apuestan a la desmemoria ciudadana. El PAN que le reclamaba a Felipe Calderón haber enviado a este instituto político al tercer lugar en la elección presidencial del 2012 ahora lo trae por todo el país como regalito de dios. A él en campaña, a su esposa buscando la dirigencia del PAN y a su hermana la gubernatura de Michoacán, sin olvidar a Marianita Gómez del Campo haciendo campaña desde el Senado y moviendo sus piezas en el Distrito Federal.

La corrupción, el nepotismo, la todología de los funcionarios que hoy están en áreas de agricultura y mañana en educación, la simulación de causas ciudadanas, la creación de consejos creados ad hoc para no hacer nada y repartirse dinero público, el abuso del poder, el uso de programas oficiales para fines político-partidistas, entre muchos otros temas, eran parte de aquellos discursos de “los gobiernos corruptos” del PRI, que al llegar los gobiernos del PAN, lejos de erradicar esas  prácticas, las institucionalizaron al engolosinarse con las delicias que descubrieron con el abuso del poder.

A la distancia y lejos de mi casi adolescencia, definitivamente afirmo que no necesitamos otro gobierno corrupto, ni en discurso ni en la realidad, ya hemos tenido suficiente. Que no vengan más partidos, de muchos colores y con miembros reciclados a decirnos que ahora sí. Como ciudadanía no queremos otro gobierno corrupto. Hagámoslo posible. Menos gobiernos corruptos y más ciudadanía activa y responsable. Nos leemos la semana entrante.

San Quintín, los surcos de la injusticia...

Por Elvira Luna Pineda

Desde mi infancia y adolescencia conocí la población llamada “San Quintín”. Por visitas familiares acostumbrábamos viajar a aquella zona. Escuchaba innumerables y dramáticas  historias (algunas por mi edad aun no entendía). Niñas que eran violadas en los surcos, ahí donde trabajaban y tenían empeñada su mano de obra casi esclava. Ahí mismo en el surco, después de las agresiones sexuales que recibían, de manera natural se levantaban, se sacudían la tierra y seguían trabajando, eso era parte de todos los días y así expresaban el síndrome de indefensión aprendida. Ahí en los surcos parían e igual se sacudían después para seguir trabajando. En esos surcos se han encontrado niños recién nacidos, abandonados y en estado de hipotermia. ¿Cómo reclamar a sus madres? Esas niñas condenadas al abuso sexual como parte de su “aportación laboral”. En el año de 1986, en plena adolescencia y siendo vacaciones escolares de los meses de julio y agosto, una prima y yo nos decidimos a trabajar. Yo estudiante de la normal de educadoras, mi prima estudiante de derecho. Al compartir con mi madre nuestra decisión de trabajar, con su rudeza y claridad característica nos dijo: “muy bien, se van con su tía a Camalú y allá hay mucho trabajo”. Mi prima y yo íbamos fascinadas, no sabíamos lo que viviríamos y como esos dos meses cambiarían nuestra percepción de la vida por completo. Al llegar empezamos a trabajar inmediatamente. Cinco jovencitas de Sinaloa nos adoptaron y compartíamos con ellas las horas de comida. Vivían en una especie de cuarterías infrahumanas que los dueños de los empaques tenían para sus trabajadores. Ahí se podían filmar películas de terror. Sin agua, sin ventanas, sin baño, sin luz... Nosotras sabíamos que esa no era nuestra vida y en cierta forma lo veíamos como una experiencia nada grata que terminaría pronto al regresar a clases. Las jornadas laborales iniciaban desde las 7 de la mañana y había días de mucha producción que acababan entrada la madrugada. Apenas unas 3 o 4 horas para dormir. Sin día de descanso, sin derechos, sin seguridad social, sin nada. A las dos semanas aproximadamente decidimos que nuestras ganas por trabajar habían terminado, sin embargo cuando lo compartimos con mi madre, ella firmemente nos dijo: “el trabajo es así, y ustedes querían trabajar y ahora terminan”. Así lo hicimos. En esos dos meses vimos capataces persiguiendo jovencitas en esas cuarterías infrahumanas y en los lugares de trabajo, las acosaban e incluso abusaban. Historias que todos conocían y de las cuales nadie hablaba. Al regresar a la escuela y despedirnos de las jovencitas de Sinaloa que nos habían adoptado, -yo rebelde y mi prima estudiante de derecho-, las llenamos de consejos para que no siguieran aceptando las condiciones insalubres, indignas e inhumanas en las cuales trabajaban. A lo largo de mi vida profesional he estado en muchas formas cerca de algunas comunidades, prestando ayuda y cumpliendo con la función que en determinado momento me ha tocado desarrollar. Es por demás ofensivo saber que el gobernador (Francisco) Kiko Vega llega rodeado de un cortejo de funcionarios a la mesa de dialogo que se instaló con representantes de jornaleros y en su cara les espeta: “Tienen la palabra; ya estamos aquí. Dígannos cuáles son sus peticiones”. Señor Kiko Vega, en mi calidad de ciudadana de este Estado, no me permito creer que usted, en su calidad de titular del Poder Ejecutivo tenga que llegar a una mesa de diálogo sin propuesta y a preguntar semejante cosa. Porque si en realidad no sabe las peticiones de las mujeres y hombres que viven y trabajan en el área de San Quintín, pues déjeme decirle que vive en un mundo alterno o surrealista. San Quintín da riqueza a cambio de explotación. San Quintín es un polo productivo que a través del sometimiento de su mano de obra casi esclava, sólo encuentra como respuesta la represión y el exceso policiaco, mostrándonos este gobierno que no ha evolucionado, y que la procuraduría sigue siendo el garrote perfecto para someter y criminalizar a la pobreza. Así ha quedado demostrado con las fianzas de más de 21 millones de pesos que han sido fijadas a cuatro de los jornaleros detenidos en los ataques policiales sufridos el pasado nueve de mayo. El monto ha sido fijado entre otras cosas, por el daño causado al “tiburón”, esta nave que se suponía impenetrable y de la cual surgen dudas lógicas. ¿Cuánto nos costó a la ciudadanía de Baja California el tal “tiburón? ¿A cuántos operativos en beneficio de la ciudadanía sirvió? ¿En cuántos operativos para enfrentar y detener a verdaderos criminales fue utilizado? ¿O su uso se redujo a jornaleros que se defendieron con palos y sus manos? La ciudadanía de Baja California, merecemos respuestas!

Concubinato y derechos.

Concubinato y derechos

Por Elvira Luna Pineda

Respecto los derechos que las personas pueden ejercer hay infinidad de mitos y leyendas urbanas. Sin embargo hay una realidad y esa realidad se llama ley y la interpretación que de ella realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Es por eso que hoy comentaré con ustedes el tema de los derechos y las obligaciones que surgen del concubinato, una figura jurídica parecida al matrimonio respecto de la cual hay confusiones que derivan en desigualdades en el ejercicio de los derechos de las personas y de hijos e hijas. Analicemos. En primer lugar, para hablar del concubinato tenemos que entender de qué se trata y cuál es su límite y alcance. Pues bien, el concubinato es la “unión marital de hecho en la que dos personas viven en común, constituyen un grupo familiar conjuntamente con sus hijos, pero no ostentan el título de casados, sin embargo, la unión fáctica pretende alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio”. Una de las principales confusiones que gran cantidad de personas tiene respecto el concubinato es que lo comparan o igualan con las relaciones consideradas en los ámbitos sociales como “amantes” y en términos formales llamadas “parejas estables coexistentes con el matrimonio”, quedando –desde mi opinión- clara la diferencia entre una y otra. En el concubinato las personas que lo mantienen están libres de matrimonio, mientras que en las segundas el mismo nombre lo indica, coexisten con el matrimonio. Aclarado el punto y delimitada la figura jurídica del “concubinato” surge ahora la duda: ¿Qué derechos y obligaciones tienen los concubinos, -ambos- al terminar el concubinato? Son esta y otras dudas las que fueron objeto de la contradicción de tesis 148/2012 resuelta por la Primera Sala de la Corte. En este contexto y en atención de la diversidad de criterios, la Primera Sala analizó la naturaleza de la obligación alimentaria, así como la caracterización de familia que merece el concubinato, mediante lo cual se pudo concluir que “los concubinos tienen derecho a alimentos después de terminada la relación de concubinato, en los mismos términos que lo tienen los cónyuges, ya que se constituyó una relación familiar”.

Lo anterior, porque “puede afirmarse que los alimentos tienen como fundamento la solidaridad que se deben las personas que llevan una vida familiar, ya sea formal o de hecho, lo que en algunas circunstancias trasciende a la relación misma, tal como sucede en caso de divorcio y sucesión testamentaria, ya que en esos supuestos a pesar de que se extingue el vínculo familiar, subsiste el derecho alimenticio, esto es, los alimentos no constituyen una sanción civil impuesta a quien sea culpable de la terminación de la relación familiar, por ende, no surgen como consecuencia del acto jurídico que disuelve dicha unión familiar, sino de la necesidad e imposibilidad del acreedor alimentario de allegarse alimentos”.

La Suprema Corte al resolver estimó  que tanto los cónyuges –en el matrimonio- como los concubinos –en el concubinato- “son parte de un grupo familiar esencialmente igual, en el que se proporcionan cariño, ayuda, lealtad y solidaridad”. Con base en estas argumentaciones de derecho, la Primera Sala del máximo Tribunal del país resolvió que “la obligación alimenticia tiene como base la solidaridad que debe manifestarse entre las personas con algún vínculo familiar, la cual puede subsistir una vez disuelta la relación familiar, pues además de su reconocimiento como obligación jurídica, la procuración de alimentos trasciende de los integrantes del grupo familiar, al ser su cumplimiento de interés social y orden público”. La Corte clarificó en su sentencia que la connotación del concubinato “constituye una relación familiar, toda vez que la familia es más un concepto sociológico que jurídico, por lo que cualquier distinción jurídica entre cónyuges y concubinos deberá ser objetiva, razonable y justificada, pues de lo contrario se estaría violando el derecho fundamental a la igualdad recocido en nuestro artículo 1 Constitucional”. Importante ha sido esta sentencia para casos contenciosos, porque además de establecer la constitución de derechos de familia en sí mismos, determinó que en tanto los Códigos Civiles no prevén disposiciones expresas para el trámite de los alimentos en caso de terminación del concubinato, deberán aplicarse las reglas generales que regulan dicha institución alimenticia, así como los requisitos y límites que se establecen para el caso de divorcio. “En consecuencia, para la procedencia de la pensión alimenticia entre ex concubinos, deberá atenderse a las posibilidades del deudor alimenticio, las necesidades del acreedor, la capacidad para trabajar de éste y su situación económica, la cual subsistirá por el tiempo que duró la relación de concubinato y en tanto el acreedor no contraiga nupcias o se una en concubinato con otra persona”. Definitivamente un gran paso en la búsqueda de la Justicia y la Igualdad. ¡Bien por la Corte! Nos leemos la semana entrante.

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Género y feminicidio: no es opción.

Género y feminicidio: no es opción.

Por Elvira Luna Pineda*

En el diario y cotidiano vaivén social en el cual hacen una sinergia causal –no siempre buena- la incidencia delictiva y la actuación gubernamental, resistencias visibles ha tenido  la aplicación de estándares derecho-humanistas de derecho internacional y de principios y enfoques garantistas en la investigación de delitos, la procuración de justicia y la imposición de sanciones. En mi experiencia profesional desde hace años en diferentes ámbitos, el hablar de perspectiva de género era la pauta para ser objeto de ridiculización y burlas, ante funcionarios que decían: “¿y eso que es? ¿De dónde lo sacaste? aquí aplicamos la ley y no bagatelas”. Pues bien, afortunadamente el dinamismo de la sociedad incide en las instituciones y en la mayoría de los casos los cambios al menos en nuestro país y en Baja California, se logran más que por convicción, decisión y voluntad política, por orden y mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El tema de feminicidio –aun sin entender por la mayoría de los funcionarias y funcionarios responsables de la procuración de justicia- ha caminado por varias vías, la mayoría de ellas por empedrados y caminos sinuosos. Cuando se hablaba de feminicidio la primera cachetada que recibíamos activistas y defensoras de derechos humanos de mujeres víctimas, consistía en decir, “eso no es delito”. Ahora ya no tendrán este argumento. El Código Penal de Baja California desde la XX Legislatura incluía la tipificación del feminicidio, sin embargo, la inclusión de esta conducta en el catálogo de delitos fue confusa y mocha ya que ni sanción tenía. A partir del 21 de marzo de este 2015, la tipificación del delito de feminicidio tiene nueva conceptualización y circunstancias, alcanzando esta reforma incluso a la responsabilidad que deberá fincárseles a aquellos funcionarios que retarden o entorpezcan la procuración o impartición de justicia. Honor a quien honor merece, y aun cuando esta reforma es perfectible aun, el pro activismo que mantuvo de principio a fin la diputada Nereida Fuentes fue factor clave para lograr que su iniciativa lograra la aprobación del Congreso. Casi al mismo tiempo de esta reforma estatal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación por primera vez en la historia se pronunció sobre el tema, al analizar el caso del feminicidio de  la abogada Mariana Lima Buendía. No me detendré en los detalles de su caso que por sí sólos causan urticaria ante una desaseada actuación gubernamental. Me ocuparé de la resolución de la Corte, ya que a partir del 25 de marzo de este año, sólo cuatro días después de la entrada en vigor de la reforma en materia de feminicidio en Baja California, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió, a propuesta del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, el amparo en revisión 554/2013, referente a la muerte violenta de una mujer de 29 años y la investigación realizada en torno a la misma. De acuerdo con el comunicado que ese mismo día emitió la Corte refiere que “en su sentencia, la Sala destacó las obligaciones de los órganos investigadores, de investigar –con perspectiva de género y sin discriminación– toda muerte violenta de una mujer, para determinar si se trata o no de un feminicidio”. Trascendental ha sido además que en esta sentencia histórica el máximo Tribunal del país destacó –“siguiendo estándares internacionales, nacionales e incluso locales, y con base en los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación– que cuando se investigue la muerte violenta de una mujer, los órganos investigadores deben realizar su investigación con perspectiva de género, para poder determinar si hubo o no razones de género en la causa de la muerte y para poder confirmar o descartar el motivo de la misma –y, en su caso, poder determinar en la investigación si se trató o no de un feminicidio–; es decir, se destacó que, en dichos supuestos, las autoridades investigadoras deben explorar todas las líneas investigativas posibles con el fin de determinar la verdad histórica de lo sucedido. La Primera Sala agregó que en los casos de muertes de mujeres se deben preservar evidencias específicas para determinar si hubo violencia sexual y se deben hacer las periciales pertinentes para determinar si la víctima estaba inmersa en un contexto de violencia. Asimismo, la Sala determinó que se deben investigar, de oficio, las posibles connotaciones discriminatorias por razón de género en un acto de violencia perpetrado contra una mujer. Ninguno de los estándares establecidos en los párrafos anteriores se respetó en el caso en conocimiento de la Sala, sino por el contrario, se determinó que en la investigación existieron irregularidades, falencias, omisiones y obstrucciones de justicia, las cuales han impedido que se conozca la verdad de los hechos. Sobre el particular la Sala agregó que la inacción y la indiferencia estatal ante las denuncias de violencia de género reproducen la violencia que se pretende atacar e implica una discriminación en el derecho de acceso a la justicia”. Mediante esta sentencia, la Primera Sala de la Corte otorgó el amparo a la quejosa –madre de la mujer muerta en circunstancias violentas– y ordena al ministerio público “complete la investigación de manera oportuna, inmediata, seria e imparcial; para que lleve a cabo todas las diligencias necesarias para investigar el caso con perspectiva de género, y para que remueva todos los obstáculos de la anterior averiguación previa”. Los ministros y las ministras integrantes de la Primera Sala de la SCJN advirtieron además que se deben investigar las irregularidades en la investigación del caso que se hayan cometido por los funcionarios públicos y sancionar a los responsables de las mismas. Esta sentencia por sí sola tiene una gran importancia, una de ellas es que el feminicidio debe investigarse como tal y que la aplicación transversal de la perspectiva de género en la procuración de justicia no es un capricho de las defensoras de las víctimas ni una opción en la actuación de las autoridades. Es una obligación y de no hacerlo están sujetos a responsabilidad. En la medida que las áreas gubernamentales entiendan que los principios de derechos humanos y los estándares internacionales en materia de investigación policial, pericial y ministerial son una herramienta sine qua non, podremos como sociedad alcanzar nuevos estadios en materia de certeza jurídica y seguridad ciudadana. Mientras tanto, las niñas y las mujeres siguen siendo asesinadas ante discursos indecibles, defensas indefendibles, justificaciones de lo injustificable y eso sí, mucho dinero etiquetado en amplios presupuestos que ningún órgano fiscalizador está cuadrando entre el gasto ejercido, el impacto social y la satisfacción ciudadana. En esta ocasión para la reflexión les dejo eso, la reflexión. Nos leemos la semana entrante!

*La autora de esta columna es Vicepresidenta Nacional de la Academia de Género

de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, A.C.

¿Derecho de corrección o abuso?

¿Derecho de corrección o abuso?

Por Elvira Luna Pineda*

Prácticamente todos los códigos civiles o de derecho de familia del país establecen el “derecho de corrección”, estableciendo este como como la “facultad que tienen quienes ejercen la patria potestad o custodia de un hijo o una hija, para corregirlos, educarlos convenientemente y observar una conducta que sirva de buen ejemplo”. Esta facultad o derecho necesario y natural ha derivado en gran cantidad de casos, en formas de abuso infantil que trascienden en la violación de derechos. Analicemos. De acuerdo con estudios y artículos que sobre el tema ha aportado el Fondo de las Naciones Unidas para la protección de la Infancia (UNICEF), puede afirmarse que en todas las culturas a lo largo y ancho del mundo existen formas naturalizadas de violencia que –tal vez en forma inconsciente- se están transmitiendo a la niñez como formas de resolución de conflictos. Paradójicamente cada vez más se habla incluso en ámbitos jurídico-legales de formas alternativas de resolución de conflictos tales como la conciliación y la mediación. Sin embargo en la vida real, ya sea en casa, escuela, calle o en el seno de cualquier hogar de todos los medios económicos se está enseñando a niños y niñas cosas muy distintas. Es por lo cual es oportuno plantearnos las siguientes interrogantes: ¿qué estamos enseñando a nuestros niños y niñas cuando utilizamos el castigo físico contra ellos? ¿Que recurrir a la agresión es una manera válida de resolver los problemas? ¿Que si una persona hace algo que nos disgusta, es aceptable golpearla? ¿Qué un golpe o una bofetada son aceptables cuando no coincidimos en opinión con otra persona? Pues tal parece que sí. De acuerdo con UNICEF el abuso infantil como forma de ejercer el derecho de corrección constituye un preocupante patrón mundial. Los castigos por medios violentos son contundentemente la forma de disciplina más frecuente usada en la infancia. Entonces, ¿Cómo queremos paz en las calles si en casa estamos “educando” a través de la violencia? De acuerdo con una encuesta realizada por UNICEF, llevada a cabo en 62 países, en promedio casi 1.000 millones de niños y niñas con edades comprendidas entre los 2 y los 14 años habían sufrido castigos físicos en sus hogares durante el mes anterior a la realización de la encuesta. De acuerdo con el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas el castigo corporal o físico está definido como “cualquier castigo en el que se utilice la fuerza física y que tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, aunque sea leve”.

Alrededor de cuatro de cada cinco niños habían sido sometidos a castigo físico y/o a agresión psicológica, mientras que un 17% había sido disciplinado con severidad (por ejemplo, golpes en la cabeza, la cara o los oídos; o golpes fuertes y repetidos).

Los efectos de muchos tipos de violencia pueden causar daños a la salud física y mental de niños y niñas que la padecen, existiendo además de acuerdo también con UNICEF, abundantes pruebas de que los métodos disciplinarios violentos se relacionan con deficiente salud mental y física más adelante en la vida, mayor violencia y agresión, y deterioro de las relaciones familiares, entre otras consecuencias.

En el ámbito legislativo tanto a nivel local como nacional se han implementado reformas tendentes a la eliminación de todas las formas violentas hacia la niñez, ya sea en el hogar, la escuela y otros contextos sociales, sin embargo es bien sabido que los problemas sociales no terminan por decreto y que la inclusión del derecho punitivo en ámbitos de violencia en el hogar no han logrado desterrar prácticas que desafortunadamente se siguen tolerando como parte de la “vida privada de las familias” y más aún como formas de ejercer “el derecho de corrección hacia hijos e hijas”. Definitivamente el respeto al derecho de la niñez para crecer y desarrollarse en entornos de paz son aun incipientes y poco difundidos, bien valdría la pena en esta época de campañas, que cuestionáramos a quienes buscan un puesto de elección popular sobre sus propuestas serias y puntuales sobre este y otros temas que son totalmente marginados, ya que al parecer la creatividad para impulsar propuestas sobre políticas en materia de seguridad ciudadana se restringe a grandes presupuestos para armas y equipos bélicos. Y así, ¿cuándo tendremos paz? Definitivamente, la violencia no es inevitable, se puede prevenir y es fundamental actuar ya, creando entornos seguros que permitan a los niños y las niñas crecer libres de temor. Ese temor que incluso puede nacer en casa. Mientras esperamos para leernos la semana entrante, les invito a reflexionar con la siguiente frase: “Los niños son castigados cuando los adultos se quedan sin argumentos”.

Twitter: @mujeporlapaz

Nada de nada.

Nada de nada.

Por Elvira Luna Pineda*

Una de mis autoras predilectas en lecturas de construcción de entornos de paz es sin duda Jean Shinoda Bolen. En una de sus más grandes obras literarias, “Mensaje urgente a las mujeres”, se refiere al poder visible de las mujeres unidas y nos comparte varios relatos de mujeres que descubrieron que juntas podían cambiar el rumbo de las cosas. Uno de estos relatos es el siguiente: “En un poblado de Uganda, una mujer era asiduamente víctima de las terribles palizas de su marido. Al igual que muchas mujeres maltratadas, cada vez que sus compañeras expresaban su preocupación declaraba ser merecedora de los golpes; sólo cuando ellas le hicieron ver que, si su marido la mataba, sus hijos se quedarían sin madre, accedió a dejarse ayudar. La solución fue un silbato de plástico. La siguiente vez que su esposo empezó a golpearla, ella silbó, y las mujeres de las chozas circundantes, al oír el silbido, acudieron de inmediato a la choza. Cada una de ellas fue pidiendo al marido: {Pégame a mí, pégame a mí}. Al verse desafiado de esta manera, el hombre no golpeó a ninguna. Pronto todas las mujeres del poblado llevaban uno de aquellos pequeños silbatos de cinco centímetros, y ninguna de ellas volvió a ser golpeada. Esta idea del silbato fue pasando de un pueblo a otro, lo cual acabó con el maltrato a las esposas, y afianzó interiormente a las mujeres. El movimiento de los silbatos de cinco centímetros acabó dando lugar a una legislación que declaraba ilegales en Uganda los malos tratos dentro del matrimonio”.

En nuestro estado y particularmente en Mexicali existe una gran preocupación social por los sucesos violentos que han dado como resultado la desaparición de mujeres y su ulterior muerte, siendo encontrados sus cuerpos abandonados en parajes solitarios, canales e incluso enterrados a unos pasos de su casa familiar como el lamentable caso de la niña Janeth Lizbeth. Esta preocupación ha sido el factor del despertar ciudadano en el cual las mujeres al verse en riesgo ante la inacción de las autoridades han iniciado planes de prevención, tanto individuales como familiares para salir de casa y regresar en forma segura. No debe pasar inadvertido el surgimiento en redes sociales del “Apagón femenino”, invitación que  recibimos gran cantidad de mujeres mexicalenses con la finalidad de que las mujeres nos solidarizáramos con las víctimas de desaparición y feminicidio, y elimináramos nuestra foto de perfil para lograr que los hombres se preguntaran ¿dónde están las mujeres? Esta iniciativa ciudadana ha causado muchas reacciones, incluso está siendo una plataforma de propuestas en la cual mujeres madres de familia, estudiantes, profesionistas, obreras, mujeres pues; están compartiendo lo que se necesita ahí en la colonia, ahí en la parada del camión, ahí a la salida de las escuelas donde rondan carros desde los que desconocidos siguen y acosan a niñas y adolescentes. Esta y otras acciones e iniciativas ciudadanas que las mujeres están emprendiendo en Baja California no pueden ser desdeñadas, ni por la sociedad ni por las autoridades. Las mujeres estamos alzando un grito por la paz que no puede causar NADA DE NADA. Y, ¿qué significa nada de nada? “Dime cuánto pesa un copo de nieve, preguntó un gorrión a una paloma silvestre}. NADA DE NADA, fue la respuesta. En ese caso, he de contarte una historia, dijo el gorrión. {Me había sentado en la rama de un abeto, muy cerca del tronco, cuando empezó a nevar. Como no tenía nada mejor que hacer, me dediqué a contar los copos de nieve que iban cayendo sobre los brotes y agujas de aquella rama. Conté 3,741,952. Cuando el copo número 3,741,953 se posó sobre la rama -nada de nada, como dices- la rama se desgajó}. Tras contar esto, el gorrión se alejó volando. La paloma, que era desde los tiempos de Noé una autoridad en la materia, pensó en el cuento un rato y, finalmente, se dijo a sí misma: Quizá falte solamente la voz de una persona para que la paz venga al mundo". Referencia de Jean Shinoda Bolen.

El ABC de la alerta de género

El ABC de la alerta de género.

Por Elvira Luna Pineda*

La “alerta de violencia de género” ha sido desde su vigencia una herramienta jurídica que lejos de aprovecharse, ha sido cuestionada y satanizada por los gobiernos estatales de todos los partidos políticos a lo largo y ancho de este país. Gobiernos de todos colores se sienten exhibidos y amenazados ante esta “alerta” y en lugar de enterarse y saber de qué se trata y de los beneficios en materia de seguridad, justicia y respeto a derechos que les puede significar, lo primero que hacen es rechazarla y asumir una negación absoluta ante una problemática de violencia contra las mujeres que al menos en Baja California ya no puede ni contenerse ni mucho menos ocultarse. Analicemos a detalle. ¿Qué es la alerta de violencia de género? En primer lugar y de conformidad con el artículo 22 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) es un mecanismo de coordinación de acciones entre los tres ámbitos de gobierno, con la finalidad de implementar medidas de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida ejercida en un territorio determinado, ya sea por personas en lo individual o por la misma comunidad. Ante esto surge una duda inmediata, ¿Cuál es la finalidad de la alerta? La ley citada establece que la alerta de violencia de género contra las mujeres tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos. ¿Por qué se emite la “alerta de violencia de género”? La alerta se emite cuando se da alguno de los siguientes supuestos: I. Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame; II. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, y III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así lo soliciten. Y aquí es donde nos detenemos, ya que este tercer supuesto en Baja California ya sucedió y en respuesta a la solicitud que hiciera la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos, A.C., la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), emitió una convocatoria pública para conformar el grupo de trabajo ad hoc para Baja California, el cual deberá estudiar y analizar la situación que guarda nuestro estado respecto la violación a derechos humanos de las mujeres por violencia feminicida. Ahora veamos, ¿Quién integra el grupo de trabajo? En respuesta a la convocatoria pública, el grupo de trabajo ha quedado integrado por las siguientes académicas: María Graciela Freyermuth Enciso, Martha W. Torres Falcón, Marlene C. Solís Pérez y Silvia López Estrada; quienes de conformidad con el artículo 36 del Reglamento de la LGAMVLV, integrarán este grupo de trabajo en conjunto con una persona representante del Instituto Nacional de las Mujeres, quien coordinará el grupo; una persona representante de la CONAVIM; una persona representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y una persona representante del Mecanismo para el adelanto de las mujeres del estado. Pues bien, este grupo ad hoc en Baja California ha quedado integrado y se instalará la presente semana. ¿Qué sigue? Este grupo de trabajo, tiene 30 días naturales a partir de su instalación para realizar el estudio y análisis de la situación que guarda Baja California y rendir su informe, el cual deberá contener lo siguiente: A. El contexto de Violencia contra las Mujeres en Baja California; B. La metodología de análisis; C. El análisis científico de los hechos e interpretación de la información, y D. Las conclusiones que contendrán las propuestas de acciones preventivas, de seguridad y justicia para enfrentar y abatir la violencia feminicida y, en su caso, el agravio comparado. ¿Ante que instancia se rinde el informe? La coordinadora del grupo de trabajo remitirá el informe a la Secretaría de Gobernación a través de la CONAVIM para su análisis. ¿Qué hará la Segob con el informe? La Secretaría de Gobernación, a través de la CONAVIM, remitirá el informe del grupo de trabajo al gobernador de Baja California para su conocimiento. ¿Qué procede hacer al Gobernador una vez que reciba el informe? En caso de que el Gobernador considere aceptar las conclusiones contenidas en el informe del grupo de trabajo, tendrá un plazo de quince días hábiles contados a partir del día en que las recibió para informar a la Secretaría de Gobernación, a través de la CONAVIM, su aceptación. ¿Qué pasa si el gobernador no contesta o no acepta las recomendaciones? Transcurrido el plazo de quince días señalado en el párrafo anterior, sin que la CONAVIM reciba dicha aceptación, o en su caso, reciba la negativa del gobernador de Baja California, la Secretaría de Gobernación, por conducto de la CONAVIM, en términos del artículo 25 de la LGAMVLV, emitirá la declaratoria de alerta de violencia de género, en un plazo no mayor a cinco días naturales contados a partir del vencimiento de los quince días señalados con anterioridad.  ¿Cómo se garantizará que el gobierno de Baja California si cumpla con las recomendaciones que reciba? Si el Gobernador acepta las conclusiones que en su caso contenga el informe, la Secretaría de Gobernación, a través de la CONAVIM, solicitará al Titular del Poder Ejecutivo, en un plazo de seis meses siguientes a la aceptación, la información necesaria sobre las acciones que están llevando a cabo para implementar las propuestas contenidas en las conclusiones del informe del grupo de trabajo. Dicha información deberá remitirse dentro de los cinco días siguientes de haber recibido la solicitud. ¿Cuál es el procedimiento para verificar el cumplimiento de las recomendaciones? Una vez recibida la información a que se refiere el párrafo anterior, el grupo de trabajo emitirá un dictamen sobre la implementación de las propuestas contenidas en las conclusiones del informe, el cual se remitirá a la Secretaría de Gobernación para que a través de la CONAVIM, determine si Baja California implementó dichas propuestas. La CONAVIM, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva a cargo del INMUJERES, notificará el dictamen del grupo de trabajo a que se refiere el párrafo anterior a la organización solicitante, es decir, a la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos, A.C. ¿Y si el gobierno de Baja California no cumple con las recomendaciones del grupo de trabajo? En caso de que el grupo de trabajo considere que no se implementaron las propuestas contenidas en las conclusiones del informe, la Secretaría de Gobernación, por conducto de la CONAVIM, en términos del artículo 25 de la Ley, emitirá la declaratoria de alerta de violencia de género, en un plazo no mayor a diez días naturales contados a partir de la fecha en que se reciba la notificación del dictamen. Tal vez resulte denso y muy técnico, sin embargo, consideré oportuno y obligado compartir con ustedes este procedimiento al cual nuestro Estado estará sujeto en los próximos días y meses. Aspirar a un verdadero Estado justo, seguro y democrático en donde las mujeres caminemos por las calles sin miedo y seguras de que nuestros derechos y dignidad serán respetados, bien vale la pena hacer un gran esfuerzo.