Por Elvira Luna Pineda
Desde mi
infancia y adolescencia conocí la población llamada “San Quintín”. Por visitas
familiares acostumbrábamos viajar a aquella zona. Escuchaba innumerables y
dramáticas historias (algunas por mi
edad aun no entendía). Niñas que eran violadas en los surcos, ahí donde trabajaban
y tenían empeñada su mano de obra casi esclava. Ahí mismo en el surco, después
de las agresiones sexuales que recibían, de manera natural se levantaban, se
sacudían la tierra y seguían trabajando, eso era parte de todos los días y así
expresaban el síndrome de indefensión aprendida. Ahí en los surcos parían e
igual se sacudían después para seguir trabajando. En esos surcos se han
encontrado niños recién nacidos, abandonados y en estado de hipotermia. ¿Cómo
reclamar a sus madres? Esas niñas condenadas al abuso sexual como parte de su
“aportación laboral”. En el año de 1986, en plena adolescencia y siendo
vacaciones escolares de los meses de julio y agosto, una prima y yo nos
decidimos a trabajar. Yo estudiante de la normal de educadoras, mi prima
estudiante de derecho. Al compartir con mi madre nuestra decisión de trabajar,
con su rudeza y claridad característica nos dijo: “muy bien, se van con su tía a Camalú y allá hay mucho trabajo”. Mi
prima y yo íbamos fascinadas, no sabíamos lo que viviríamos y como esos dos
meses cambiarían nuestra percepción de la vida por completo. Al llegar
empezamos a trabajar inmediatamente. Cinco jovencitas de Sinaloa nos adoptaron
y compartíamos con ellas las horas de comida. Vivían en una especie de
cuarterías infrahumanas que los dueños de los empaques tenían para sus
trabajadores. Ahí se podían filmar películas de terror. Sin agua, sin ventanas,
sin baño, sin luz... Nosotras sabíamos que esa no era nuestra vida y en cierta
forma lo veíamos como una experiencia nada grata que terminaría pronto al
regresar a clases. Las jornadas laborales iniciaban desde las 7 de la mañana y
había días de mucha producción que acababan entrada la madrugada. Apenas unas 3
o 4 horas para dormir. Sin día de descanso, sin derechos, sin seguridad social,
sin nada. A las dos semanas aproximadamente decidimos que nuestras ganas por
trabajar habían terminado, sin embargo cuando lo compartimos con mi madre, ella
firmemente nos dijo: “el trabajo es así,
y ustedes querían trabajar y ahora terminan”. Así lo hicimos. En esos dos
meses vimos capataces persiguiendo jovencitas en esas cuarterías infrahumanas y
en los lugares de trabajo, las acosaban e incluso abusaban. Historias que todos
conocían y de las cuales nadie hablaba. Al regresar a la escuela y despedirnos
de las jovencitas de Sinaloa que nos habían adoptado, -yo rebelde y mi prima
estudiante de derecho-, las llenamos de consejos para que no siguieran
aceptando las condiciones insalubres, indignas e inhumanas en las cuales
trabajaban. A lo largo de mi vida profesional he estado en muchas formas cerca
de algunas comunidades, prestando ayuda y cumpliendo con la función que en
determinado momento me ha tocado desarrollar. Es por demás ofensivo saber que
el gobernador (Francisco) Kiko Vega llega rodeado de un cortejo de funcionarios
a la mesa de dialogo que se instaló con representantes de jornaleros y en su
cara les espeta: “Tienen
la palabra; ya estamos aquí. Dígannos cuáles son sus peticiones”. Señor
Kiko Vega, en mi calidad de ciudadana de este Estado, no me permito creer que
usted, en su calidad de titular del Poder Ejecutivo tenga que llegar a una mesa
de diálogo sin propuesta y a preguntar semejante cosa. Porque si en realidad no
sabe las peticiones de las mujeres y hombres que viven y trabajan en el área de
San Quintín, pues déjeme decirle que vive en un mundo alterno o surrealista.
San Quintín da riqueza a cambio de explotación. San Quintín es un polo productivo
que a través del sometimiento de su mano de obra casi esclava, sólo encuentra
como respuesta la represión y el exceso policiaco, mostrándonos este gobierno
que no ha evolucionado, y que la procuraduría sigue siendo el garrote perfecto
para someter y criminalizar a la pobreza. Así ha quedado demostrado con las
fianzas de más de 21 millones de pesos que han sido fijadas a cuatro de los
jornaleros detenidos en los ataques policiales sufridos el pasado nueve de
mayo. El monto ha sido fijado entre otras cosas, por el daño causado al “tiburón”,
esta nave que se suponía impenetrable y de la cual surgen dudas lógicas.
¿Cuánto nos costó a la ciudadanía de Baja California el tal “tiburón? ¿A
cuántos operativos en beneficio de la ciudadanía sirvió? ¿En cuántos operativos
para enfrentar y detener a verdaderos criminales fue utilizado? ¿O su uso se
redujo a jornaleros que se defendieron con palos y sus manos? La ciudadanía de
Baja California, merecemos respuestas!
